Las reacciones a esta han sido diversas. La respuesta más común ha sido el endurecimiento de la legislación y la militarización de la seguridad: la atribución a las fuerzas armadas de funciones de seguridad pública.  Algunas recomendaciones: hay que abandonar la idea de que la violencia y la criminalidad se resolverán solo enfrentando la pobreza y la exclusión; y ofrecer propuestas de políticas que conjuguen el respeto al estado de derecho y a los derechos humanos con medidas efectivas para reducir la violencia y la inseguridad.