14.09.2022

Firma invitada: Desafíos de seguridad en el Chile post-plebiscito

La crisis chilena tiene un componente importante de inseguridad humana, generada por la precarización de la vida en el marco de una sociedad altamente privatizada, desigual y, hasta ahora, impermeable a las reformas, incluyendo una creciente crisis de seguridad pública.

 

Por Marcos Robledo Hoecker

 

La democracia chilena transita por una grave crisis de legitimidad de las instituciones políticas establecidas en la Constitución de 1980, que condujo en 2019 al estallido social y puso en marcha la búsqueda de un régimen político que permitiera reconstruir la confianza ciudadana. La confianza en las instituciones políticas cayó en su punto más bajo en 2019, cercana o dentro del margen de error de las encuestas (4,8% en el gobierno, 2,64% en el congreso, y 2% en los partidos políticos). La confianza en las instituciones coercitivas, históricamente más altas, también se desplomó (a un 24% de las fuerzas armadas, 17% la policía de Carabineros, y 8% el Poder Judicial y el Ministerio Público). Tras el estallido social, los indicadores de confianza comenzaron gradualmente a remontar, pero aún no alcanzaron los niveles anteriores que antecedieron a la crisis. La esperanza de la ciudadanía pareció trasladarse hacia el apoyo a una nueva generación de líderes políticos de izquierda que propusieron una agenda de reformas post-neoliberales, y una nueva constitución.

La crisis chilena tiene un componente importante de inseguridad humana, generada por la precarización de la vida en el marco de una sociedad altamente privatizada, desigual y, hasta ahora, impermeable a las reformas, incluyendo una creciente crisis de seguridad pública. Salud, pobreza, empleo y seguridad aparecen consistentemente como los tres principales problemas de las personas, pero la seguridad pública aparece consistentemente desde 2005 como el principal problema. A pesar de que la tasa de homicidios se mantiene baja en términos comparados (4,48 por 100.000 habitantes el 2020), y de que a partir de 2017 se observa un descenso de la victimización, acentuada durante la pandemia, desde el 28% al 16,9% el 2021, el índice de temor ha continuado aumentando desde un 76,8% el 2018 a un 86,9% el 2021. Más recientemente, la confluencia de varios procesos ha generado una crisis de seguridad. 

Inmigración, la cuestión mapuche y derechos humanos

Por un lado, se ha producido un incremento de los delitos violentos de alto impacto público en las ciudades más importantes (incluyendo nuevos tipos de delitos, como el sicariato), así como un aumento de la presencia de crimen organizado latinoamericano. Esto ha ocurrido en un contexto de la emergencia de una crisis humanitaria por el ingreso irregular y masivo de migrantes (un 30,7% de Venezuela, de un total de 1,4 millones en la zona norte del país), donde además se registra un considerable aumento de la alta tasa de victimización a niveles muy superiores al resto del país (30%). El resultado ha sido un estallido xenofóbico y una demanda de respuestas punitivas y de militarización. Los gobiernos han desplegado a las fuerzas armadas para el control de fronteras y han puesto en marcha, entre otras medidas, procesos de expulsión de migrantes, cuestionados el 2021 por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas.

El segundo problema ha sido el agravamiento del conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche en sur del país. Se trata de un conflicto centenario que se ha incrementado debido a la incapacidad del sistema democrático para poner en marcha una solución política, lo que ha creado las condiciones para una creciente e importante actividad de grupos armados; así como una deficiente respuesta coercitiva de las instituciones del Estado (persecutoras, policiales e inteligencia).

Esa deficiente respuesta estatal se ha convertido, además, en el tercer problema que ha contribuido a la crisis de seguridad pública. Debido a la ausencia de reformas desde 1990 a la fecha (que ha reproducido altos grados de autonomía funcional), la policía chilena ha ingresado en una crisis institucional reflejada en casos especialmente graves de corrupción y en formas de operar que han conducido a violaciones masivas de derechos humanos durante el estallido social, y represión a militantes de organizaciones mapuche, incluyendo la falsificación de evidencia y el asesinato. Como consecuencia, en el 2020 el gobierno inició un proceso de reforma de Carabineros y de la seguridad pública.

La crisis de seguridad

La incapacidad política e institucional (tanto persecutora como policial) en el contexto del agravamiento del conflicto ha introducido incentivos para la militarización del conflicto: un creciente número de ataques de grupos armados han originado un alto número de víctimas y daños a la propiedad, y un incremento de la tasa de letalidad durante los procedimientos policiales.

Los estudios de opinión indican que la crisis de seguridad fue el principal factor que afectó negativamente la aprobación del gobierno luego que asumiera en marzo de 2022, cayendo a tasas de entre el 33% y el 37%, observándose desde entonces una clara correlación con el resultado del plebiscito constitucional. El rechazo de la propuesta constitucional el 4 de septiembre por el 61,8% (contra un 38% del Apruebo) tiene, a su vez, importantes consecuencias para la agenda política y la de seguridad.

A pesar de que la propuesta constitucional consideró el establecimiento de un Estado plurinacional, la votación a favor del rechazo fue más alta en la zona sur (69%), y en la zona norte del país (62%). En las comunidades con alta concentración indígena también hubo alta participación (77%) y votos de rechazo (entre 67% y 72%). En las comunas fronterizas con Bolivia y Perú, en las que se produce la mayor parte del ingreso irregular de migrantes de origen especialmente venezolano, el rechazo alcanzó rangos de hasta 87% y 93%.

Los estudios de opinión, como el resultado del plebiscito, indican un aumento de la demanda ciudadana y política por un mayor populismo punitivo, expresada en un incremento de la militarización y naturalización de la excepción constitucional, entre otras medidas, especialmente en los sectores más afectados por la crisis de seguridad pública, tanto en su dimensión urbana (grandes ciudades de la zona central), como migratoria (norte del país) e intercultural (sur). Esto supone un deterioro de las condiciones sobre las cuales descansa una respuesta democrática a la crisis de seguridad. Como resultado, la democracia chilena se encuentra ante el desafío de reconstruir la legitimidad perdida de las instituciones políticas y de superar la crisis de seguridad pública mediante políticas públicas que fortalezcan los derechos humanos, el Estado de Derecho y, con ello, la gobernanza democrática.

Sobre el autor

Marcos Robledo es asesor de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, profesor de la Universidad de Chile, exsubsecretario de Defensa (2014-2018) y exasesor Internacional de la Presidenta Michelle Bachelet (2006-2010).

 

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