Firma invitada: La movilización social y las elecciones generan un nuevo mapa político y constituyente chileno

Luego del estallido social iniciado en octubre de 2019 contra el régimen neoliberal impuesto por la dictadura desde 1975 y mantenido desde 1990 a la fecha, las elecciones realizadas en Chile el 15 y 16 de mayo para elegir delegados a la Convención Constitucional (aprobada por un 80% en el plebiscito de entrada de octubre de 2020), alcaldes y concejales, han significado la transformación más importante del mapa político desde 1964. De esta forma se consolida la puesta en marcha del proceso más ambicioso de refundación del estado chileno desde su creación en 1810.

La elección de redactores de la futura constitución (o convencionales) fue decidida en el plebiscito de octubre de 2020, convocado como salida institucional a la protesta social que comenzó en octubre de 2019. Esto ha reconfigurado completamente el mapa político y el sistema de partidos chileno.

La derecha chilena obtuvo la votación más baja de su historia desde 1964 (19%), los partidos de la coalición de centro izquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2020 sufrieron un duro castigo (15%, del cual el 10% corresponde al Partido Socialista). Estos fueron superados tanto por una nueva coalición de izquierda que agrupa al Partido Comunista con el Frente Amplio (17%), así como por la emergencia de una coalición de independientes de izquierda que se autodenominó la Lista del Pueblo (17%).

Otros candidatos independientes obtuvieron un 14% (incluyendo una lista de centro izquierda), y otros 37 independientes fueron elegidos en cupos de partidos (11%). Así, la izquierda y la centro izquierda suman el 57%, pero los independientes alcanzan el 66%, muchos de lxs cuales son destacados activistas ambientales de las denominadas zonas de sacrificio medioambiental que exhiben en toda su crudeza el carácter insostenible del extractivismo rentista en Chile.

Mujeres, pueblos originarios y desecuritizar

La elección supone también cambios históricos adicionales. Como resultado de las masivas movilizaciones feministas (2017-2019), y de las sistemáticas movilizaciones de los pueblos originarios, especialmente mapuche, la convención es paritaria: 78 delegados son hombres y 77 son mujeres. Así mismo, incluye la elección de 17 representantes (11%) de los pueblos originarios reconocidos en Chile, elegidos por sus respectivas comunidades.

La clara mayoría de la izquierda y del centro izquierda, el carácter paritario y la representación indígena señalan que, libre de las instituciones contra mayoritarias que impuso la dictadura durante la transición democrática en 1990, la sociedad chilena ha elegido mayoritariamente avanzar hacia la constitucionalización de un Estado democrático y social de derecho.

La nueva constitución deberá ser aprobada o rechazada mediante un plebiscito ratificatorio. Todo indica que, si el proceso se desarrolla conforme a la expresión de la voluntad soberana manifestada por las mayorías en la elección, Chile avanzará hacia un Estado transversalizado desde una perspectiva de género, intercultural y sostenible, muy distinto al estado de Seguridad Nacional y neoliberal que impuso la dictadura mediante la Constitución de 1980, pero también

muy distinto al Estado nacional liberal, patriarcal, racista y antropocéntrico que emergió con la independencia en 1810 y que se mantuvo a lo largo de todo el siglo XX.

En el ámbito de la seguridad, está por verse si la nueva constitución y el nuevo escenario político permitirán avanzar hacia instituciones y políticas democratizadoras del sector de la seguridad (efectivamente subordinadas a la autoridad política democrática), respetuosas de los derechos humanos, transversalizadas desde una perspectiva de género, interculturales y sostenibles. En definitiva, hacia un Estado chileno desecuritizado.