Firma invitada: Las políticas de seguridad en el gobierno de López Obrador

Por Elena Azaola

Después de competir por tercera vez, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones y asumió la presidencia de México para el periodo 2018-2024. En buena parte, su triunfo se debió al desgaste y la falta de credibilidad de los partidos tradicionales (PRI y PAN) que no lograron hacerse cargo de manera eficaz de dos de los problemas que más preocupan a los ciudadanos: la inseguridad y la corrupción. El triunfo de López Obrador se debió, en buena parte, a que prometió ocuparse de estos problemas, pero, sobre todo, a que prometió hacerlo colocando a “los pobres primero”. Esta fue una fórmula exitosa que explica que el presidente haya mantenido su popularidad a pesar de la falta de resultados.

No obstante que durante su campaña reconoció la grave crisis de seguridad que enfrenta el país y anunció que devolvería a los militares a sus cuarteles, al asumir el poder dio un giro radical: no solo permitió que continuaran asumiendo tareas de seguridad que la Constitución no les autoriza, sino que les ha otorgado facultades adicionales en distintos ámbitos que los convierten en un factor de poder incontestable. Asimismo, creó una Guardia Nacional, originalmente de carácter civil, pero que, en los hechos, ha estado bajo el control, la disciplina y el mando militar, situación que una ley recién aprobada autoriza hasta 2028.

Sin que mediara un cambio en la Constitución, se optó por emitir en 2020 un Decreto Presidencial mediante el cual se faculta a las Fuerzas Armadas tanto para realizar detenciones y ejecutar órdenes de aprehensión, como para asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen y efectuar labores de seguridad pública en general. Todo ello sin controles externos, sin rendición de cuentas y sin que las fuerzas armadas estén sujetas al control de autoridades civiles.

No solo preocupan las facultades otorgadas a los militares mediante el Decreto Presidencial, sino que y, sobre todo, se pasa por alto el hecho de que esta política, iniciada por el presidente Felipe Calderón desde 2007, está lejos de haber alcanzado resultados para contener el avance de la delincuencia y la violencia.

Proliferación de grupos armados

Veamos cuáles han sido algunos de los resultados que se han alcanzado tras mantener e incluso incrementar las facultades de las fuerzas armadas durante los últimos 15 años. Si al inicio del gobierno del presidente Calderón se hablaba de la existencia de menos de una docena de grupos criminales armados capaces de retar a las fuerzas del Estado, hoy en día se habla de más de 400 grupos de crimen organizado con diferentes capacidades, algunos de los cuales prácticamente mantienen ciertas porciones del territorio bajo su control.

En cuanto a la violencia, baste considerar que de 2007 a 2022 la tasa de homicidios por 100.000 habitantes pasó de 8 a 29, un incremento de 360%, lo que ha significado la pérdida de 400.000 vidas humanas. Aproximadamente, la mitad de estas muertes se atribuyen a enfrentamientos entre autoridades y grupos criminales o entre estos entre sí. En promedio, cada día 90 personas mueren de manera violenta, 11 de las cuales son mujeres y 3 son menores de edad. Adicionalmente, existe registro de más de 105.000 personas desaparecidas y más de un millón que han sido desplazados debido a la violencia.

Derechos humanos

Por su parte, tan solo entre 2019 y 2020, los organismos públicos de derechos humanos reportaron un total de 14.760 detenciones arbitrarias, 11.070 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y 5.426 casos de tortura cometidos por fuerzas de seguridad.

No obstante que los datos son contundentes y no muestran cambio alguno en las tendencias que se observan desde hace 15 años, el presidente López Obrador ha expresado de manera repetida que su política de seguridad es distinta a la de los dos gobiernos que le antecedieron.

Lo que él considera como la principal diferencia es que su política de seguridad se sustenta en su política social,  que consiste en otorgar diversos tipos de becas y apoyos monetarios a los jóvenes y a otros grupos vulnerables, con la intención de evitar que engrosen las filas de los grupos delictivos: “becarios, no sicarios”, ha dicho el presidente.

Otro elemento que, según el presidente, hace distinta su política de seguridad, es que él, en tanto que jefe máximo de las fuerzas armadas, les ha instruido ser respetuosos de los derechos humanos y no iniciar enfrentamientos armados. Esto supone depositar la confianza en que la sola presencia de las Fuerzas Armadas desplegadas en el territorio fungirá como un elemento de disuasión frente a los grupos criminales, aunque no hay evidencia de que ello haya ocurrido. El último elemento que el presidente menciona como soporte de su política de seguridad, es que él se reúne diariamente a las 6 de la mañana con los secretarios de Defensa Nacional y de la Marina para revisar los hechos más relevantes en materia de seguridad ocurridos el día anterior.

Los tres puntos enunciados en el párrafo anterior no pueden ser considerados como una “estrategia de seguridad”, cuestión que diferentes actores sociales han hecho notar, solicitando un viraje de las políticas de seguridad a la luz de los desastrosos resultados hasta ahora alcanzados. A pesar de ello, el presidente sigue considerando que su llamada “estrategia” es la adecuada y la única que él está dispuesto a seguir.

Sobre la autora

Elena Azaola es antropóloga y psicoanalista. Es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México.

Este texto hace parte del Newsletter de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible. Suscríbete aquí para recibir el próximo número en tu correo.