Las políticas de Seguridad y Defensa de Javier Milei

Por Sabina Frederic

El presidente Javier Milei delegó en Patricia Bullrich, la candidata presidencial que obtuvo el tercer lugar en las elecciones generales de octubre de 2023, el ministerio de Seguridad. Paralelamente, designó a Luis Petri, su compañero de fórmula, ministro de Defensa. El protagonismo político de la ministra, quien ejerció el cargo durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), coloca la seguridad a la cabeza de la agenda pública. Ahora, además, sumando bajo su mandato a la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que regula la adquisición y usos de armas y explosivos; y el Servicio Penitenciario Federal que aloja el 10% de la población carcelaria.

Las primeras medidas tomadas por Bullrich en el nuevo cargo han sido altamente polémicas: las acciones represivas contra las protestas por las medidas inflacionarias del gobierno, con ahorros y salarios congelados, y regresivas en materia de derechos. La ministra retomó su discurso de orden, identificó el desorden en los cortes de la vía pública o “piquetes”, y aplicó su frase de cabecera “el que las hace las paga”. Justificó así la anulación del abordaje a las protestas de los últimos veinte años, período en el cual eran cuerpos policiales especiales sin uso de armas letales, que junto a funcionarios políticos contenían el conflicto.

La aprobación de su “protocolo antipiquetes” fue denunciado por organizaciones de Derechos Humanos ante la justicia local, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los relatores especiales de Naciones Unidas, por intentar prohibir el derecho fundamental a la libertad de expresión pacífica. El mismo incluyó la escandalosa medida de tratar de cobrar el coste de los operativos policiales a las organizaciones convocantes. En las primeras tres grandes manifestaciones el protocolo mostró su relativa inviabilidad. Hubo cortes parciales y totales de la vía pública que el mismo prohibía, aun así, no hubo acciones represivas. En cambio, fue brutal la represión a las protestas pacíficas en rechazo al proyecto de la ley refundacional de Milei “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” mientras era debatida en el Congreso de la Nación. Las tres jornadas de represión dejaron 285 víctimas de lesiones de diferente gravedad, entre ellas 35 comunicadores sociales. 

Al caerse dicho proyecto, fracasó la modificación introducida por Bullrich a la legítima defensa del Código Penal en favor de las policías. En revancha, derogó la resolución del gobierno anterior que en 2019 dejó sin efecto unas doce medidas pseudo legales dictadas en su anterior gestión, entre las cuales estaba la habilitación a las fuerzas federales a disparar sin riesgo de vida inminente, contra el mandato de dicho Código.

El Plan Bandera

Por otra parte, lanzó en Rosario el Plan Bandera “para la prevención del delito y el combate contra la comercialización de estupefacientes”. Esa ciudad tiene la tasa de homicidios más alta del país y arrastra desde 2017 una tendencia ascendente contra la tendencia inversa en la Argentina desde 2014. El Plan resultó en el anuncio de la concentración de las fuerzas federales en los “barrios más calientes”, y en la realización de “inteligencia carcelaria por la alta participación de internos de alto perfil en la comisión de delitos”. Nada que no se haya hecho con anterioridad.

Bullrich ha apelado también a la espectacularización utilizada en un operativo contra una supuesta “célula terrorista” integrada por tres hombres que resultaron ser un profesor de tenis de mesa, un peluquero y un supuesto mercenario español. Dos semanas después de la detención quedaron liberados por falta de pruebas. Las declaraciones de la ministra fueron entonces: “Se obtuvo una información de inteligencia brindada por una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel y de un miembro de Gendarmería que ha sido formado en antiterrorismo de parte de sus pares de Colombia”. Por entonces de realizaban los Juegos Macabeos Panamericanos y el operativo, aunque fuese infundado, permitía ratificar el alineamiento con Israel y Estados Unidos. 

Las “nuevas amenazas”

La política de Defensa, en cambio, generó más expectativas de cambio radical hacia las Fuerzas Armadas que aquello que efectivamente ocurrió. La primera decisión que alteró esas expectativas fue apartar a la vicepresidenta Victoria Villaruel, hija y nieta de militares, militante de la reivindicación de la actuación militar durante el terrorismo de Estado (1976-1983) del control del sector que durante la campaña señaló como propio. La designación como ministro de Defensa al candidato a vicepresidente de Bullrich, indicó quien incidiría, aunque hay otros actores influyentes en el gabinete presidencial.

Desde 1987 fue política de Estado post-autoritario que las áreas de Seguridad y de Defensa se consolidaran en forma diferenciada de modo que los militares no volviesen a actuar en seguridad interior, ni las policías estuviesen subordinadas a las fuerzas armadas. Por ello, se sospecha que la subordinación del ministro Petri a la ministra Bullrich afecte en algún momento dicha división y que la doctrina de las “nuevas amenazas” inunde la política de Defensa.

Se sabe que los militares son reacios a intervenir en la lucha contra el narcotráfico. Por ahora ha habido una conferencia de prensa conjunta de ambos ministros (19 de enero) donde se mencionó la colaboración de la Fuerza Aérea en la expulsión de la familia de José Adolfo "Fito" Macías, líder de la banda criminal "Los Choneros", fugado de una cárcel ecuatoriana diez días antes; familia sin causa penal alguna. En rigor, ese tipo de colaboración viene ocurriendo y está autorizado por la legislación vigente por tratarse de apoyo logístico a las policías.

Por otra parte, han causado cierto desconcierto decisiones que no fueron en la dirección esperada por tratarse de un gobierno pro militar. Así ocurrió con la designación del jefe de Estado Mayor de Ejército, General Carlos Alberto Presti, que significó el retiro de 22 de los 55 generales, el mayor recorte de cúpula de la historia democrática. La acción generó malestar entre los militares y tuvo tres interpretaciones: recorte presupuestario, interés en un oficial sin ligazón con el gobierno anterior, un error de cálculo debido a la impericia de las nuevas autoridades.

Esta última, procedente de las filas militares, resulta acertada considerando que muchos de los retirados fueron ubicados en el Estado Mayor Conjunto. También sucedió por el contraste entre un discurso de valorización de los militares y el congelamiento del proceso de equiparación salarial con las fuerzas federales de seguridad, iniciado en 2022. Acorde con las expectativas de analistas partidarios de la democratización de las políticas de defensa, como la subordinación de los militares al poder político, la designación de militares retirados en cargos al nivel de secretaría de Estado, sí ratificó la expectativa “antidemocrática” y pro militar del gobierno de Milei.

Por otra parte, la política de defensa acompañó la política exterior del gobierno del presidente Milei cuando a comienzos de febrero se anunció la opción de comprar 24 aviones de combate F16 Fighting Falcon a Dinamarca que exigió el aval de Estados Unidos y que supusieron cancelar las negociaciones iniciadas por el gobierno anterior con China para la compra de los aviones JF-17 Thunder Blok 3 chino-paquistaní. Un gesto subrayado por la oposición política de ratificación del alineamiento con Estados Unidos nunca ocultado por el gobierno.

Finalmente, considerando que la política exterior y la política de defensa implican a la soberanía argentina, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 anunciado por Milei el 20 de diciembre la comprometió al derogar, entre 41 leyes, aquella que limitaba la compra de tierras por personas físicas y jurídicas extranjeras; medida frenada hasta ahora por la justicia. Algo semejante ocurrió con las privatizaciones del sector defensa como Fabricaciones Militares, Astilleros Tandanor, FADEA (fábrica de aviones militares) que también contenía el fracasado proyecto de ley refundacional.

Sin consensos refundacionales, la revolución libertaria en seguridad y defensa no consigue avanzar por ahora ni proveyendo mayor seguridad efectiva, ni mejorando la defensa del Estado-nación.  

Sobre la autora

Sabina Frederic es doctora en Antropología Social, profesora e investigadora UNQ-Conicet y presidenta del Instituto En Foco de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencia. Fue ministra de Seguridad de la Nación Argentina entre 2019 y 2021. Es autora de Las Trampas del Pasado. Las Fuerzas Armadas y su Integración al Estado Democrático en Argentina. Buenos Aires: FCE, 2013; y La Gendarmería desde Adentro. De Centinelas de la Patria al trabajo en Barrios. Buenos Aires: Siglo XXI, 2020.

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