Los gobiernos latinoamericanos están en una competencia con el crimen por la construcción de Estado. ¿Cómo cambia la COVID- 19 el juego? Segunda parte.

Teniendo en cuenta la presencia y el impacto de las organizaciones criminales en América Latina, le preguntamos a <link detail thiago-rodrigues _blank external-link>Thiago Rodrigues, experto en el tema, sobre cómo ve la dinámica del crimen organizado en esta coyuntura de pandemia en el caso de Brasil. Esto fue lo que nos dijo: 

1.     ¿Cuáles son los efectos de la pandemia sobre la actividad del crimen organizado en América Latina y en Brasil y cuáles los mercados ilegales más afectados?

El crimen organizado se caracteriza por su flexibilidad, adaptabilidad y resiliencia. Cuando hay cambios estructurales, las bandas criminales más preparadas derrotan o absorben grupos más débiles y usan sus recursos políticos, sociales y financieros para penetrar las instituciones públicas y la economía legal. La pandemia es una situación extrema e internacional de cambio estructural. Si la tendencia histórica sigue, las bandas o carteles más fuertes van a encontrar cómo sobrevivir y expandir sus negocios. Negocios más “tradicionales”, como los que dependen de cultivos ilegales o bienes, sufrirán adaptaciones impuestas por dificultades logísticas, principalmente tras la disminución del tránsito aéreo, terrestre y marítimo legal utilizado para transportar contrabando. Sin embargo, la mayoría del tránsito de productos ilegales en el mundo ocurre por medios propios e ilegales: túneles, sumergibles, avionetas, oculto en vehículos o “mulas”. Por esto, no es probable que los mercados ilegales reciban golpes duraderos por las restricciones impuestas por la pandemia. El uso de internet y de la deep web para transacciones al mayoreo y al menudeo tiende a aumentar, así como la modalidad de “customización” del consumo y la entrega domiciliar de drogas y otros bienes ilegales.

2.     ¿Cómo analiza el papel de los grupos criminales brasileños frente a las comunidades en el contexto de la pandemia y sus consecuencias a mediano plazo, en términos sociales y de seguridad y en relación con el papel del Estado?

En Brasil hay tres situaciones distintas y concomitantes. Las dos primeras en ciudades como Río de Janeiro, donde bandas criminales tradicionalmente dedicadas al narcotráfico (como el Comando Rojo y el Tercer Comando Puro), controlan favelas y zonas pobres; o las más recientes milicias, bandas de tipo mafioso formadas por miembros o exmiembros de las fuerzas de seguridad,  nacidas como “grupos de autodefensa” en contra del narcotráfico, pero que pronto se convirtieron en pandillas que extorsionan a la población bajo su control y explotan la venta de servicios ilegales. Frente a la pandemia, los “comandos del narcotráfico”, con mayores relaciones históricas con las comunidades donde actúan, adoptaron medidas cercanas a las recomendaciones de la OMS: aislamiento social, uso de mascarillas, prohibición de cultos o fiestas. Mientras, el gobierno de Jair Bolsonaro, cuya familia y muchos grupos a su alrededor tienen vínculos con las milicias de Río de Janeiro, se mantuvo en el “negacionismo” y presionando por la apertura de los negocios, cultos religiosos, centros comerciales. Esa ha sido la actitud de las milicias que, en las zonas bajo su control, han usado la violencia para que los negocios sigan abiertos. El tercer ejemplo es el de Sao Pablo, cuyas zonas pobres son controladas por un solo grupo, el Primer Comando de la Capital (PCC), mucho más organizado y eficiente que las bandas o milicias de Río. El PCC adoptó medidas de restricción y aislamiento, siempre bajo la amenaza de violencia para quienes no lo obedezcan.

En esas áreas el Estado no está presente desde hace décadas, y esto no va a cambiar con la pandemia. Es difícil predecir cómo reaccionarán las poblaciones locales, pues entre los grupos más pobres, principalmente entre los cristianos neopentencostales, el apoyo a la agenda moralista de Bolsonaro sigue siendo fuerte.

3.     ¿Es posible que los niveles de violencia asociados al crimen organizado se reduzcan en esta época? Si eso ocurre, ¿puede abrirse un espacio político para la formulación de políticas públicas más enfocadas en la reducción de violencia que en la de los mercados ilegales?

Los niveles de violencia entre grupos del crimen organizado responden a variables complejas; sin embargo, la competencia en ambientes de ilegalidad tiene un valor explicativo central. En un escenario de ilegalidad para un producto o servicio con alta demanda, la tendencia es a la competencia entre bandas por el control de ese mercado. Cuanto menos organizados y conectados a los aparatos de Estado estén los grupos, mayor es la posibilidad de disputa violenta por el control de espacios urbanos y rurales. La violencia sigue si no hay un monopolio o al menos un equilibrio de poder entre los grupos, incluyendo a las fuerzas de seguridad del Estado.

En Brasil, la pandemia no ha cambiado el patrón existente desde hace una década y media: en Sao Pablo, el monopolio del PCC sigue intacto, mientras en Río de Janeiro la policía sigue con sus incursiones violentas en las favelas. En este contexto, las facciones del narcotráfico continúan en un equilibrio de poder precario en las favelas, mientras responden a los ataques de la policía militar. En el contexto político y social brasileño, con un gobierno federal militarizado y sospechoso de involucramiento con el crimen organizado, no se esperan cambios significativos en las políticas represivas, tampoco una ventana de oportunidad para alterar el modelo de militarización de la seguridad pública.

4.     ¿Cómo deberían prepararse los aparatos de seguridad y justicia de América Latina y Brasil para enfrentar al crimen organizado en este nuevo contexto de pandemia?

En América Latina dichos aparatos están preparados no para derrotar el crimen organizado sino para lidiar con él, para manejarlo bajo marcos tolerables, definidos por el grado de visibilidad de la violencia que afecte a las clases medias y altas. El mantenimiento de políticas represivas a la oferta de drogas y otros servicios ilegales, la militarización creciente de la seguridad pública, la parálisis de las discusiones progresistas sobre reformas a las políticas de drogas, el avance de fuerzas antidemocráticas en países clave, como Brasil, México, Colombia y Venezuela, y la conservación de un sistema punitivo racista y clasista, indican que la pandemia no tendrá grandes impactos en las políticas públicas de seguridad y justicia existentes. El cierre de espacios de debate y diálogo y la polarización político-ideológica sugieren que el enfrentamiento al crimen organizado seguirá intocado, incluso porque parte sustancial de la izquierda latinoamericana no osa abordar problemas como la reforma del sistema criminal, el final del encarcelamiento masivo o la legalización de las drogas. Los gobiernos de llamada “ola rosa” (Lula, Dilma, los Kirchner, Morales, Chávez) siguieron una agenda de seguridad pública represiva, sin diferencias sustantivas con las políticas de gobiernos de derecha. Además, la actual pauta de seguridad pública fue capturada por la extrema derecha, dejando a una izquierda perdida y desfigurada, sin capacidad para formular un programa claro de acción en la esfera pública.