Firma invitada: ¿Por qué la paz es un enredo en Colombia?

Escrito por: Kristina Birke Daniels y Sabine Kurtenbach

¿Por qué la paz es un enredo en Colombia?

El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC cumple cinco años en noviembre. El proceso de paz despertó esperanzas y fue considerado ejemplar a nivel mundial, pero dentro de Colombia ha sido y sigue siendo un tema muy controvertido y polarizante.

Entender por qué alcanzar la paz es tan difícil y, como se dice en Colombia, enredado, necesita un análisis más amplio de la construcción de la misma como un proceso basado en tres pilares:

(i)          la integridad física y la reducción de distintas formas de violencia;

(ii)         la garantía y implementación de derechos humanos individuales y participativos;

(iii)        el manejo constructivo y no violento de los conflictos que ocurren en toda sociedad.

La construcción de paz es un proceso complejo y aunque un acuerdo puede ayudar a manejar algunos conflictos, también genera nuevos. Precisamente cuando los acuerdos de paz tienen como objetivo abordar los problemas centrales de una sociedad, como es el caso en Colombia, cambian las relaciones de poder a nivel nacional y regional y surgen ganadores y perdedores tanto reales como supuestos. La sociedad colombiana se está enredando alrededor de tres conflictos en la intersección entre conservar el statu quo y el cambio.

En primer lugar, la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc que polarizó fuertemente a la sociedad colombiana. Quienes se oponían al acuerdo ganaron las elecciones presidenciales en 2018, pero no lograron obtener la mayoría en el parlamento y el senado. Una vez en el poder, el gobierno del Centro Democrático de Iván Duque ha torpedeado la aplicación de partes sustanciales del acuerdo como la reforma y modernización del sector rural a o la sustitución voluntaria de los campos sembrados de coca.

Así también, intentó desmantelar la Jurisdicción Especial para la Paz (institución estatal de justicia transicional creada por el Acuerdo de Paz), en cuyo marco se prevén sentencias reducidas (penas alternativas a la prisión) para casos de graves de violaciones de los derechos humanos si la persona acusada (exguerrilleros, militar o civil) admite su responsabilidad en la participación y el esclarecimiento de estos hechos.

Unido a ello se encuentra el segundo conflicto: el reconocimiento y la aplicación de los derechos civiles y humanos. A pesar de que con la adopción de la Constitución de 1991 se lograron formalmente grandes avances en esta área, en la práctica estos derechos siguen estando en peligro. Con el acuerdo de paz, grupos de la población marginados y desfavorecidos - comunidades indígenas y afrocolombianas, jóvenes, mujeres y LGBTI* - esperaban un cambio radical.

Cuando estas perspectivas se desvanecieron con el cambio de gobierno en 2018, se inició un proceso de movilización a favor de reformas, poco visto en la historia colombiana, primero en las ciudades y luego también en las zonas rurales. Al mismo tiempo se incrementó la violencia contra representantes de movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, así como contra miembros de las Farc que se habían desmovilizado.

En octubre de 2019, la ola de la movilización social alcanzó un primer punto culminante. La respuesta del gobierno fue represiva. Las protestas disminuyeron debido a la pandemia del Covid-19 pero volvieron con más fuerza en abril 2021.

El tercer conflicto, históricamente no solucionado y estructural es sobre el control y la utilización de la tierra. El uso del suelo enfrenta a los pequeños agricultores con las élites regionales. Con el final de la guerra, regiones del país, antes a duras penas accesibles, se han vuelto codiciadas para empresas nacionales e internacionales que operan a nivel global.

Contar con un catastro, tema presente en el Acuerdo de Paz, en un país donde más del 50% de la tierra no tiene titulación formal no se ha puesto en marcha por parte del Gobierno hasta hace pocos meses atrás y es controvertida la forma en que se está ejecutando.

Pese a estos obstáculos, entre otros, los “enredos de la paz” se pueden manejar de una forma constructiva si hay buena voluntad. Pero también tienen un potencial altamente destructivo y peligroso. Colombia va a tener elecciones en 2022. Si el gobierno, el parlamento y la sociedad logran conformar una amplia alianza que tenga la voluntad y la capacidad de gestionar el cambio necesario de manera constructiva y pacífica, entonces Colombia estará en condiciones de empezar a superar las razones de la violencia.