Amazonía: cómo interrumpir la trayectoria hacia el colapso

Por Juan Carlos Garzón

La seguridad en la Amazonía no es un concepto uniforme ni cerrado; es un campo de disputa marcado por tensiones conceptuales, prioridades institucionales y diferencias políticas. Los gobiernos, las agencias de seguridad y los organismos multilaterales han ensayado distintas aproximaciones, a veces contradictorias entre sí, con desacuerdos sobre qué se debe proteger, cómo y para quién. En algunos de estos enfoques subyace, de forma más o menos explícita, la idea de que la seguridad debe ejercerse desde el Estado hacia el territorio, que el orden se establece desde afuera y que el objetivo final es instaurar una forma estable de gobernabilidad sobre una la selva tropical más grande del planeta, descrita frecuentemente como "ingobernable" o "capturada".

Pero ¿qué pasa cuando el Estado no puede imponer ese orden? ¿Qué ocurre cuando las instituciones no disponen de las capacidades, cuando los ecosistemas criminales se consolidan y cuando la destrucción ambiental se acelera al margen de cualquier pretensión de control? En la Amazonía contemporánea, el paradigma clásico de la seguridad, centrado en el control territorial, resulta insuficiente.

Seguridad como capacidad del territorio

En este contexto, la invitación es a reconsiderar la seguridad en la Amazonía desde una perspectiva operativa, con un enfoque realista y orientado a decisiones viables y acordes con las condiciones del territorio. La seguridad en la Amazonía no debe entenderse como una función que el Estado otorga al territorio, sino como la capacidad del propio territorio para resistir, adaptarse y sostener condiciones mínimas de vida ante el colapso ambiental, la debilidad institucional y la expansión del crimen.

Esto implica una inversión conceptual: la seguridad no es algo que se impone, sino una capacidad que se construye y se sostiene desde las dinámicas propias del territorio. No se mide por el número de efectivos, bases, maquinaria destruida o mercancía incautada, sino a través de otros indicadores:

1. Resistencia a la captura: ¿Qué tan vulnerable es este territorio frente al establecimiento de formas de control fáctico por parte de redes criminales, economías ilegales o actores extractivos que sustituyen o cooptan a las autoridades locales y transforman el uso del espacio? 
2. Capacidad de adaptación: ¿Qué capacidad tiene una comunidad, un ecosistema o una red institucional para reorganizarse ante una amenaza, un shock o una transformación impuesta, sin perder su viabilidad ni cohesión? 
3. Sostenimiento de formas de vida: ¿Qué formas de vida preserva el territorio? ¿Es capaz de mantener prácticas legales, relaciones ecológicas, circuitos económicos o alianzas sociales que le den continuidad?

Desde esta perspectiva, la seguridad en la Amazonía no puede reducirse a la presencia militar o policial. Requiere ser entendida como la capacidad institucional y comunitaria para ejercer una autoridad legítima sobre el uso del territorio y de sus recursos naturales. Esto implica garantizar la integridad ecológica, la permanencia de las comunidades locales, la vigencia de los derechos territoriales y la aplicación efectiva de las normas ambientales y de ordenamiento.

La ausencia de instituciones civiles sólidas, la debilidad de los sistemas de control ambiental y la fragmentación de las competencias estatales favorecen la consolidación de la ilegalidad y la criminalidad, que imponen formas de regulación paralela. Hablar de seguridad exige reconocer que la disputa ya no se limita a la presencia, sino también a la legitimidad del poder normativo y operativo en el territorio.

Lo que esto significa para la toma de decisiones

Desde este enfoque, la pregunta central ya no es "¿Cómo logramos el control total del territorio?” sino "¿Dónde y cómo podemos reforzar las capacidades existentes para interrumpir la trayectoria hacia el colapso?"

Esto permite una toma de decisiones más inteligente, selectiva y contextual. Algunos ejemplos serían:

•  En vez de desplegar fuerzas armadas para ocupar grandes extensiones de territorio de manera transitoria, priorizar nodos estratégicos donde la presencia estatal puede habilitar otras funciones: corredores ecológicos, pasos fronterizos, centros comunitarios.
• En vez de pensar la seguridad como un mapa militar, utilizar mapas ecosistémicos para priorizar zonas donde intervenir puede evitar daños irreversibles: cuencas en riesgo, barreras naturales y áreas de alta biodiversidad.
• En vez de medir la seguridad solo por indicadores de reducción de delitos, hacerlo por la disminución de la dependencia de redes criminales, la autonomía de las comunidades frente a actores externos y la capacidad de interrumpir flujos económicos, como el del oro ilegal, mediante esquemas de trazabilidad, fiscalización y cierre de brechas regulatorias.

Este enfoque también cambia el rol de lo policial y de lo militar. No se trata de eliminarlo, sino de redefinir su función: no imponer un orden abstracto, sino habilitar condiciones para que el territorio pueda sostenerse. Eso significa, por ejemplo, proteger a defensores ambientales, contener amenazas armadas contra comunidades en riesgo y proteger puntos donde pueda consolidarse algún tipo de gobernabilidad legítima.

De la presencia a la persistencia

Repensar la seguridad en la Amazonía exige superar la obsesión con la “presencia estatal” como fin en sí mismo. No se trata de estar, sino de persistir de manera funcional y legítima. Un Estado que llega en helicóptero, ejecuta una operación y se va no produce seguridad: la seguridad surge cuando instituciones y comunidades pueden desempeñar funciones concretas en puntos críticos del territorio —una escuela abierta, un puesto de salud activo, un mercado que opera sin coerción.
La persistencia también se construye desde redes comunitarias, sistemas de alerta, pactos territoriales y plataformas que comparten información útil. Lo esencial es que no todo el territorio esté disponible para ser capturado: que existan zonas que resisten, nodos que amortiguan el golpe y espacios donde se interrumpe la trayectoria hacia el colapso.
Esta definición no parte de idealizaciones sobre la Amazonía ni promete soluciones definitivas y totales. Su valor radica en ofrecer un marco operativo para decidir qué es viable hacer en medio de la fragmentación institucional y las presiones criminales. No busca que la seguridad lo resuelva todo, sino que permita contener lo peor y habilitar lo posible.
Replantear la seguridad es una urgencia política: no para repetir el viejo libreto del orden, sino para ganar tiempo, espacio y condiciones mínimas para que la vida pueda continuar.

Sobre el autor

Juan Carlos Garzón Vergara es investigador y consultor especializado en seguridad, economías ilegales y política de drogas, con más de dos décadas de experiencia en América Latina y el Caribe. Su trabajo se enfoca en las dinámicas de seguridad y gobernanza en ecosistemas de alta fragilidad, donde convergen economías ilegales, presiones ambientales y disputas territoriales. Cuenta con una amplia trayectoria en el diseño, análisis y seguimiento de políticas públicas, asesorando a organismos multilaterales, gobiernos y centros de investigación en contextos complejos. Ha colaborado con instituciones internacionales en la comprensión de los impactos ambientales de las economías ilegales y en el desarrollo de metodologías y mecanismos de investigación orientados a fortalecer la respuesta estatal. Su producción académica incluye numerosos libros, informes y artículos sobre crimen organizado, economías ilegales y gobernanza. Es Magíster en Estudios Latinoamericanos de Georgetown University, politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro del Science Panel for the Amazon.

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