De plataforma logística a epicentro de violencia: Ecuador y el crimen organizado

Por Renato Rivera Rhon

La incidencia del Ecuador en el crimen organizado transnacional es un fenómeno relativamente reciente. Aunque desde la década de 1990 el país ha facilitado precursores químicos para la producción de cocaína en Colombia, a diferencia de sus países vecinos, no se habían registrado conflictos de poder significativos ni un aumento notable de la violencia entre organizaciones criminales por el dominio de las rutas del narcotráfico. Esto llevó al país, a ser catalogado como una “isla de paz”. Sin embargo, a inicios de 2024, Ecuador atrajo la atención internacional debido a la toma de un canal de televisión por parte de un Grupo Criminal Organizado (GCO) y al incremento de la violencia. Como resultado, en 2023 el país fue considerado el más violento de América Latina.

Ante este contexto, surge la interrogante: ¿qué diferencia al crimen organizado ecuatoriano de otros casos en América Latina y por qué escaló tan rápidamente la violencia? Si bien no existe una única explicación que abarque todos los factores estructurales e históricos que han modificado el panorama criminal del Ecuador, la evidencia recopilada en diversos reportes de prensa y contribuciones académicas de los últimos cinco años sugiere que al menos tres factores, tanto externos como internos, han sido determinantes en el rápido ascenso del Ecuador dentro de la economía global del crimen organizado transnacional. Estos factores son: el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la pérdida de legitimidad del Cártel de Sinaloa y la pandemia de COVID-19, que provocó un proceso de fragmentación del monopolio criminal ejercido por "Los Choneros".

En primer lugar, los factores externos que han incrementado la relevancia de Ecuador para las organizaciones criminales transnacionales están vinculados al Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC. La firma de este acuerdo dio inicio a un proceso de descentralización agresiva en la producción de cocaína, lo que diversificó el tráfico global de esta droga e introdujo nuevos actores, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y las mafias de origen balcánico. Como consecuencia del aumento en la producción de cocaína, Ecuador adquirió mayor importancia como plataforma logística para su tráfico, llegando a incidir en el 70% del comercio internacional de esta sustancia, según datos de las Naciones Unidas.

En segundo lugar, la detención y extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán fue interpretada como una oportunidad para que el CJNG expandiera su influencia y acceso al negocio de la cocaína en el sur de Colombia y, por extensión, en Ecuador. Una de las estrategias de este GCO consistió en debilitar a la organización criminal más poderosa del país, "Los Choneros", quienes desde 2003 mantenían una alianza estratégica con el Cártel de Sinaloa. Con el debilitamiento de este último, el CJNG comenzó a financiar a grupos criminales rivales, como "Los Lagartos" y posteriormente "Los Lobos", con el fin de movilizar cocaína a través de los puertos ecuatorianos. Simultáneamente, las mafias balcánicas, que inicialmente respaldaban a "Los Choneros", comenzaron a operar de manera independiente, financiando a distintos grupos y exacerbando la competencia entre redes criminales locales, lo que derivó en un incremento significativo de la violencia.

En tercer lugar, Ecuador experimentó un proceso de fragmentación criminal que se evidenció principalmente a través de las masacres carcelarias registradas desde 2018. "Los Choneros", que hasta entonces habían monopolizado la gobernanza criminal en el país mediante el control de los centros penitenciarios y las rutas del narcotráfico, vieron su estructura debilitada debido al financiamiento de grupos criminales transnacionales a organizaciones locales adversarias. A este proceso se sumó el impacto de la pandemia de COVID-19, que afectó el monopolio de "Los Choneros" al interrumpir las rutas de tráfico de drogas por la crisis global de contenedores. Dado que el 80% del comercio lícito se transporta por vía marítima, la crisis logística de 2020 y 2021 transformó a Ecuador en un centro clave de almacenamiento de cocaína para diversos GCO transnacionales, todos ellos dispuestos a financiar a grupos locales para asegurar el suministro a los mercados de consumo internacionales.

Como resultado de estas dinámicas internas y externas, el asesinato del líder de "Los Choneros" provocó una fragmentación que dio origen a nuevos GCO, como "Los Lobos", "Tiguerones" y "Chone Killers", así como el resurgimiento de otros grupos, como "Latin Kings" y "Los Lagartos". Todos ellos declararon la guerra contra "Los Choneros" bajo la alianza "Nueva Generación", promovida por emisarios del CJNG, lo que contribuyó al acelerado incremento de la violencia en el país. Este proceso se refleja en el aumento de los homicidios intencionales, que pasaron de 5,7 por cada 100 mil habitantes en 2016 a 47 en 2023.

En este contexto, la respuesta estatal desde 2020 se ha caracterizado por una estrategia reactiva basada en el populismo penal y la militarización de la seguridad interna, sustentada en la doctrina de "mano dura". Esta aproximación ha configurado un esquema de securitización dicotómico, en el cual la percepción de seguridad se obtiene a expensas de los derechos humanos. Además, ha fomentado un discurso polarizador que divide a la sociedad entre "buenos" y "malos" bajo la narrativa de "narco-terrorismo", lo que ha legitimado el incremento del poder ejecutivo como principal mecanismo de respuesta a la criminalidad. Entre las consecuencias de esta política destacan la implementación recurrente de estados de excepción, el endurecimiento de penas, la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna y el debilitamiento de estrategias regionales de cooperación en seguridad.

Ante un crimen organizado cada vez más interconectado y sostenido por alianzas con grupos criminales y actores corruptos dentro del Estado, la insistencia en la "mano dura" como estrategia predominante parece condenar al Ecuador al fracaso en su lucha contra la violencia. Para inicios de 2025, pese a una leve reducción de los homicidios en 2024, los GCO han demostrado su capacidad de adaptación a la militarización, intensificando la violencia y profundizando la fragmentación criminal. A pesar de ello, el Estado sigue implementando respuestas reactivas sin abordar estructuralmente las dinámicas delictivas que perpetúan la crisis.

Sobre el autor

Renato Rivera Rhon es profesor universitario e investigador en gobernanzas criminales y narcotráfico en América Latina. Correo electrónico: renato.rivera89(at)gmail.com

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