¿Debería Latinoamérica tener una diplomacia diferente para ayudar a la democracia en Venezuela?

Creado por: <link detail francine-jacome _blank external-link>Francine Jácome

Una respuesta preliminar a la pregunta que titula este artículo toma en consideración varios puntos fundamentales:

1) Una evaluación sobre una postura latinoamericana respecto a la transición hacia la democracia en Venezuela;

2) Los impactos de la crisis del Covid-19 y la coyuntura política actual; y

3) La actuación de actores extrarregionales como la Unión Europea, Estado Unidos e iniciativas de países como Noruega.

Cómo responder a la crisis económica, política y social venezolana no tiene una respuesta latinoamericana y caribeña. Existe una fragmentación, e incluso confrontación, sobre las posibles vías para una transición hacia la democracia.  El principal indicador son las dinámicas que desarrollan, por un lado, el Grupo de Lima y, por el otro, los países latinoamericanos y caribeños que participan en la iniciativa de la Unión Europea del Grupo Internacional de Contacto. 

En algunas coyunturas se evidencian fisuras al interior de estas iniciativas ad hoc, que evidencian los cuestionamientos respecto a la capacidad de organismos multilaterales regionales (OEA) o globales (ONU) para   la resolución de conflictos.

En segundo lugar, es preciso considerar las incertidumbres que se tienen en América Latina y en Venezuela ante la pandemia del Covid-19. Los países de la región están centrados en sus prioridades nacionales y Venezuela no tiene hoy el peso que hace  nueve meses.  En la actualidad, en Venezuela hay una situación muy grave por la pandemia. Esta se produce en el marco de la emergencia humanitaria compleja que vivía el país desde hace más de tres años. 

El Covid-19 ha sido utilizado con fines políticos y ha conducido a una mayor militarización del país. Las respuestas han sido fundamentalmente de carácter militar, por parte de los principales actores oficiales, por encima de políticas de salud pública. 

Políticamente hay una fragmentación que ha llevado a la conformación de diferentes sectores opositores con planteamientos diferentes sobre una transición hacia la democracia. Actualmente, el debate gira alrededor de las elecciones parlamentarias del l 6 de diciembre.  Unos han decidido dialogar con el régimen (Mesa de Diálogo Nacional) y participar en la votación, mientras que los hasta ahora partidos mayoritarios de la Asamblea Nacional electos en 2015 promueven la abstención en comicios que consideran ilegítimos.

Por lo tanto, la situación actual, especialmente con la abierta fragmentación de los sectores opositores, plantean un reto adicional para una postura latinoamericana.  De acuerdo con sus propios intereses nacionales, los diferentes gobiernos son más proclives a apoyar una de las diferentes posturas opositoras.  Esto puede también reflejarse en plataformas de organizaciones de la sociedad civil y centros académicos.

En tercer lugar, independientemente de los previsibles resultados que permitirán que el oficialismo retome el control, probablemente de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, la comunidad internacional estará ante un dilema: ¿a quién reconocer y con quién conversar? Especialmente a partir del 5 de enero de 2021, cuando de acuerdo con la Constitución de 1999, la nueva Asamblea Nacional debe entrar en funciones.

Una iniciativa humanitaria

Desde el oficialismo se busca obtener un reconocimiento a la legitimidad de la Asamblea Nacional que esperan sea electa el 6 de diciembre, un objetivo importante para sus principales China y Rusia, sus aliados internacionales. Por otro lado, el sector opositor agrupado alrededor del actual presidente de la AN y los cuatro principales partidos, buscarían declaraciones tanto del gobierno de Estados Unidos, como latinoamericanos y de la UE en cuanto al no reconocimiento de esta instancia.

El apoyo a un proceso de transición hacia la democracia, a través de una negociación será aún más complejo para la diplomacia latinoamericana y europea después del 5 de enero de 2021, no solamente por los impactos del Covid-19 sino también por la dinámica política nacional.

Diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana han solicitado que, en el marco de la crisis del Covid-19 así como por la ausencia de garantías de una elección libre, transparente y con observación internacional, este evento sea suspendido.  

A pesar de que muchas son personales, la política de sanciones por ejemplo a Petróleo de Venezuela (Pdvsa) afectan directamente a la población.  La escasez de combustible que agrava la crisis del Covid-19 y de la emergencia humanitaria   es un ejemplo.  Aunque se evalúa que, sin un cambio de gobierno, la crisis económica, política, social y de salud continuará y profundizará, fomentar y apoyar las negociaciones políticas es primordial.

No obstante, en los próximos meses, el enfoque debería incluir   salvar vidas. El apoyo fundamental en este momento de la comunidad internacional podría orientarse hacia las personas. Apoyar las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil que presionan para la entrada al país del Programa de Alimentación de la ONU.   

En conclusión, se sugeriría que la diplomacia latinoamericana, caribeña y europea, desarrolle iniciativas conjuntas ante la crisis del sector salud venezolano, especialmente producto del Covid-19.  En posibles escenarios de negociación, este podría ser un punto de encuentro. Paralelamente, son necesarias instancias de negociación política, como ha hecho Noruega, cuyos resultados no deben ser desestimados y que podrían continuar siendo la base de un reinicio del proceso, quizás incluyendo otros actores nacionales e internacionales.