07.09.2023

Ecuador: una democracia sitiada por la violencia

Ecuador no es un “Estado fallido”. Más preciso es indicar que el Estado ecuatoriano ha sido cooptado, perforado e infiltrado por varias facciones del crimen. Como consecuencia, la estatalidad ecuatoriana se encuentra fragmentada y en disputa entre las diversas bandas criminales y el poder civil democrático.

Por FES Seguridad

 

El pasado 9 de agosto de 2023 el candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, fue asesinado a la salida de un mitin de campaña. Aunque la conmoción social que tuvo lugar tras el asesinato indicaría que el crimen tomó a la ciudadanía por sorpresa, lo cierto es que lo ocurrido es el acontecimiento más reciente de un proceso de progresiva violencia en la vida cotidiana que Ecuador viene sufriendo desde 2020. ¿Cuáles son las estadísticas que permiten afirmar que la democracia ecuatoriana está sitiada por la violencia? ¿Cómo explicar este auge de la violencia? ¿El crimen organizado ha cooptado la estatalidad ecuatoriana? ¿Cuáles serán los efectos políticos de este asesinato?

La democracia en Ecuador está sitiada por la violencia. Solo entre enero de 2022 y el 15 de febrero de 2023, al menos 61 personas políticamente expuestas sufrieron ataques violentos y 22 murieron asesinadas[1]. La tendencia del periodo electoral anterior recrudeció en el periodo electoral extraordinario en curso. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Violencia Política[2], al menos ocho atentados letales tuvieron lugar desde mayo de 2023 hasta la fecha y al menos cinco personas fueron asesinadas, incluyendo el ex alcalde de Manta -Agustín Intriago- y el excandidato a la Presidencia de la República, Fernando Villavicencio. Esto ocurre en un contexto de rampante desaparición de la paz en la vida cotidiana. Ecuador pasó de los 13,9 homicidios cada 100 mil habitantes en 2021 a 26 homicidios cada 100 mil habitantes en 2022. Este año probablemente cerrará con un valor cercano a los 42[3] homicidios cada 100 mil hab., sobrepasando a México, Colombia, Honduras y Venezuela.

Entre las razones exógenas que explican el auge de la violencia destacan:

  1. El declive de la hegemonía de la guerrilla de las FARC sobre las dinámicas fronterizas entre Colombia y Ecuador, como consecuencia del acuerdo de paz (2016);
  2. Las disputas regionales de bandas mexicanas por la logística internacional del narcotráfico;
  3. La expansión de los cultivos de coca en Perú y Colombia;
  4. El importante volumen de exportaciones agrícolas desde Ecuador hacia la Unión Europea;
  5. El crecimiento del consumo de drogas durante y después de la pandemia en Europa;
  6. El crecimiento de un contingente de navegantes artesanales en disponibilidad para el narcotráfico, producto de un auge de flotas de pesca industrial en aguas internacionales del Océano Pacífico.

Todos estos factores explican, en gran medida, por qué Ecuador se ha convertido en uno de los principales lugares de exportación de droga de la región, lo que conlleva la generación de mercados y diferentes formas de violencia[4].

También existen factores endógenos que explican cómo Ecuador llegó a este punto.

  1. La adoptación legal del dólar como moneda nacional;
  2. Las reformas punitivas al Código Orgánico Integral Penal que desde 2014 sobrepoblaron el sistema penitenciario;
  3. Las reformas financieras de mediados de 2018 que facilitaron el “blanqueo” de capitales y;
  4. El dogma del “Estado Obeso” (sobredimensionado) que desde mediados de 2018 ha desmantelado las capacidades estatales. Esto ha ocurrido de diversas maneras:
  • Eliminando instituciones con competencias directas en seguridad (Ministerio de Justicia y DDHH y Ministerio Coordinador de Seguridad) y fusionando a otras (Ministerio de la Policía con el Ministerio de la Política).
  • Promoviendo políticas de déficit cero y de inversión pública cero que minaron el mantenimiento y la reposición de los recursos materiales y de infraestructura empleados en las operaciones cotidianas de la seguridad pública -empezando por los radares y los aviones, pasando por las lanchas y los patrulleros, y terminando en elementos básicos como armamento, chalecos, balas y gasolina para vehículos.
  • Debilitando la presencia y/o profundizando la ausencia del Estado en forma de servicios públicos y políticas de bienestar en los territorios que hoy en día son enclaves de violencia.
  • Priorizando, durante la pandemia, el pago de la deuda externa por sobre posibles programas de transferencias de recursos para los sectores más vulnerables. La falta de respuestas adecuadas ante la pandemia profundizó la desigualdad aprovechada por las bandas del crimen organizado para escalar sus estructuras armadas[5].

Una hipótesis que se especula en algunos medios políticos es que los gobiernos de Lenin Moreno (2017-2021) y de Guillermo Lasso (2021 – actualidad) operaron un intercambio de desregulación y mayores grados de influencia en el ámbito de la seguridad a la fuerza pública, especialmente la Policía Nacional, a cambio de gobernabilidad. El paulatino malestar social con las reformas neoliberales implementadas desde mediados de 2018 hizo de la represión policial un recurso cada vez más necesario, sobre todo durante las movilizaciones de octubre de 2019 y junio de 2022. Algunos indicios de este intercambio serían:

  • La eliminación del polígrafo en las pruebas de ingreso de la Policía Nacional[6] y la opacidad sobre su empleo en las pruebas de confianza de la Fuerza Pública[7];
  • La entrega del manejo del sistema penitenciario a la policía nacional (tiempos y espacios compartidos con las bandas criminales);
  • La entrega de la gestión migratoria y de la investigación forense a la policía.

Esta serie de intercambios condujeron a que algunas instancias de la fuerza pública alcancen una posición privilegiada en la participación de las rentas del narcotráfico.

La embajada de Estados Unidos, algunos generales en servicio pasivo y varios analistas expertos han indicado que algunas instituciones del Estado han sido instrumentalizadas por parte del crimen organizado hasta sus niveles más altos[8]. No obstante, Ecuador no es un “Estado fallido”. Más preciso es indicar que el Estado ecuatoriano ha sido cooptado, perforado e infiltrado por varias facciones del crimen. Como consecuencia, la estatalidad ecuatoriana se encuentra fragmentada y en disputa entre las diversas bandas criminales y el poder civil democrático. De momento, el Estado es incapaz de ejercer el monopolio de la violencia legítima y el monopolio tributario en gran parte de las ciudades más importantes del país. De hecho, el monopolio de la fuerza lo ha perdido también dentro de las cárceles.

Algunas instancias del sistema de justicia, del sistema penitenciario, de la Policía Nacional, de las fuerzas armadas, del poder ejecutivo, de las aduanas, del control migratorio, del sistema financiero y una multiplicidad de empresas privadas han estado envueltas en escándalos públicos que dan cuenta que, ya sea por medios mercantiles y/o coercitivos, han sido instrumentalizadas en mayor o menor medida en favor del crimen. Un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) estimó que las rentas criminales tuvieron en 2021 una participación en el sistema financiero ecuatoriano que osciló entre el 3% y el 4% del PIB (entre 3.000 y 4.000 millones de dólares)[9].

¿Tenía Fernando Villavicencio posibilidadesde ganar las elecciones? En el Ecuador contemporáneo no es posible estimar escenarios en el futuro inmediato. Dependiendo de las encuestas[10], Fernando Villavicencio ocupaba durante la mayor parte de la campaña entre el cuarto y el tercer lugar. A pesar de ello, no habría sido posible descartar que llegase a la segunda vuelta.

¿Era Fernando Villavicencio una amenaza para el crimen organizado? La evidencia pública indica que sí. Villavicencio fue durante los últimos años una de las personas políticamente expuestas con mayores niveles de protección policial. El mismo candidato denunció el 1 de agosto pasado, haber recibido dos amenazas de muerte de parte de una de las bandas criminales más grandes del país. Tras demandar que dejara de mencionarlos en sus discursos de campaña, la reacción de Villavicencio fue redoblar sus denuncias en contra de las bandas criminales. 

A esto hay que sumar que, en su faceta periodística, cultivó vínculos clandestinos con servicios de inteligencia que lo convirtieron en uno de los principales receptores de información reservada y de investigaciones sobre supuestos casos de corrupción de los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno. El 23 de febrero de este año, Villavicencio afirmó haber estado al tanto, desde hace algunos meses, del caso “Gran Padrino” sobre corrupción en empresas públicas, así como también del caso “León de Troya” sobre los posibles vínculos entre personas del entorno presidencial de Lasso con el narcotráfico. Durante el juicio político al presidente Lasso, no obstante, Villavicencio defendió, como presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la tesis presidencial que negaba la existencia de corrupción en las empresas públicas. Una vez lanzada su candidatura a la Presidencia, la postura de Villavicencio cambió 180 grados para demostrar autonomía respecto del gobierno frente al electorado.

 

Los efectos políticos del asesinato de Fernando Villavicencio

 

  1. Construye y Gente Buena, los movimientos políticos que auspiciaron su candidatura, experimentaron las trabas legales ordinarias para reemplazar a Fernando Villavicencio por Christian Zurita (la legislación no contempla salidas expeditas a una situación súbitamente alterada por la violencia). A pesar de no haber participado en el debate, Zurita terminó la primera vuelta en tercer lugar[11].
  2. El anticorreismo aprovechó el asesinato para reinscribir el significante de “narcoterroristas” sobre la Revolución Ciudadana. Una agresiva estrategia de comunicación política señaló a la agrupación política como responsable del asesinato, lo que provocó que su intención de voto descendiera entre 10% y 12% porcentuales, pulverizando las probabilidades que hasta entonces la RC tenía de ganar en primera vuelta. Rafael Correa trató de posicionar en la conversación pública que el asesinato de Fernando Villavicencio tuvo por principal objetivo evitar la victoria de la Revolución Ciudadana.
  3. A los pocos días del asesinato, los cuestionamientos sobre el rol de la Policía Nacional, entidad a cargo de la seguridad del candidato, cobraron fuerza en todo el espectro político[12]. Estas dudas se reforzaron el 24 de agosto cuando el presidente Lasso dispuso que sean las Fuerzas Armadas -y no la policía- quienes resguarden a los candidatos Luisa Gonzalez y Daniel Noboa[13].
  4. El fin de semana inmediato, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trasladaron al líder de la banda criminal que había amenazado a Villavicencio, a una cárcel de máxima seguridad.
  5. El 29 de agosto el medio digital La Posta denunció que altas autoridades de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado habrían decidido no actuar de oficio tras conocer amenazas reales sobre la vida de Andersson Boscán y Mónica Velásquez, periodistas de aquel medio que tuvieron que salir al exilio. Según La Posta, dichas amenazas habrían sido extensivas a un teniente coronel de policía que investigó el caso “León de Troya” y al excandidato presidencial, Fernando Villavicencio. El gobierno y la Fiscalía rechazaron públicamente las acusaciones. El resto del equipo periodístico y dos oficiales de policía involucrados en la investigación mencionada están a la espera de medidas cautelares de la CIDH.

Los asesinatos de Agustín Intriago y Fernando Villavicencio son un punto de inflexión para la historia política reciente del Ecuador.  Pero tanto las organizaciones políticas del país como el resto de la sociedad civil parecerían no reconocer la evidencia existente sobre los niveles de instrumentalización del Estado por parte del crimen organizado. De persistir las dinámicas no cooperativas en el sistema político, Ecuador seguirá lejos de la posibilidad de consensuar una política de Estado en materia de seguridad que impulse el proceso de reformas institucionales necesario para revertir la trayectoria actual.

 

Suscríbete a nuestro newsletter

Este artículo hace parte de nuestro newsletter número 14. Para recibir los próximos número en tu correo, haz clic aquí.

 

[1] Mena, Paúl. “Elecciones violentas: 61 asesinatos, atentados y ataques contra políticos”, El Universo del 22 de febrero de 2023. Disponible online en: www.eluniverso.com/noticias/politica/elecciones-violentas-61-asesinatos-atentados-y-ataques-contra-politicos-nota/

[2] El Observatorio es liderado por MEGA Mujeres. Su informe preliminar sobre la primera vuelta electoral aún no ha sido publicado.

[3] 1. BBDD Homicidios Intencionales del Ministerio del Interior. cifras.ministeriodelinterior.gob.ec/comisioncifras/

[4] No existe evidencia para suponer que Ecuador sea ya un país significativo en términos de cultivo y refinación de cocaína.

[5] Ver El Comercio del 18 de febrero de 2022, “Bandas convierten a chicos desprotegidos en sicarios”, disponible en https://bityl.co/KopI y The Telegraph del 24 de septiembre de 2023 “How Albanian gangs took control of Britain’s cocaine” disponible en bityl.co/KopG

[6] Acuerdo Ministerial 0173 del 21 de julio de 2017. El Comercio, 10 de marzo de 2018, “El polígrafo ya no es clave para ingresar a la Policía”, disponible en bityl.co/Kp0D

[7]Primicias, 2 de junio de 2023, “Estados Unidos dona polígrafos a Ecuador para fortalecer a la Policía”, disponible en: bityl.co/Kp0K

[8] Las afirmaciones de Paco Moncayo y el Embajador de Estados Unidos fueron recogidas por el portal de verificación Ecuador Chequea. bityl.co/Kp2r

[9] CELAG (2023) “Cuánto dinero se lava en el sistema financiero ecuatoriano. Una aproximación desde las cifras macroeconómicas”. Disponible en: www.celag.org/cuanto-dinero-se-lava-en-el-sistema-financiero-ecuatoriano-una-aproximacion-desde-las-cifras-macroeconomicas/

[10] En Ecuador es común la filtración de encuestas manipuladas para intervenir en la conversación pública. Solamente una empresa de opinión pública conocida por sus significativas desviaciones respecto de los resultados finales en las últimas elecciones, lo ubicaba en la segunda vuelta. Para acceder a estudios sobre encuestas de la primera vuelta electoral se puede acceder a https://ecuador.calculoelectoral.com/2023/inicio.html y https://twitter.com/alfreserramanci/status/1685059843080568832?s=20

[11] Por motivos de seguridad, Christian Zurita ha informado que abandonará próximamente el país.

[12] Plan V, “Ocho minutos mortales: esta es la reconstrucción del asesinato de Fernando Villavicencio y la huida de los sicarios”, 18 de agosto de 2023. Disponible en: www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/minutos-mortales-reconstruccion-asesinato-fernando-villavicencio

[13] Tweet del 24 de agosto de 2023. twitter.com/LassoGuillermo/status/1694884308698214910

Countries / regions: FES Seguridad Top

Department/Section: FES Seguridad Top

Contacto

Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia

FESCOL
Calle 71 N° 11-90
Bogotá DC - Colombia

+57 (1) 347 3077
Fescol(at)fes.de  

Síguenos en

Facebook
Twitter
Instagram
Canal de Youtube