El pasado agosto el Robert O’Brien, Asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump presentó públicamente un nuevo Marco Estratégico para el Hemisferio Occidental. Presentamos aquí las opiniones de dos expertos de la Red.
Creado por: <link detail lisa-sanchez _blank external-link>Lisa Sánchez
En días pasados, el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer un “Nuevo marco estratégico para el hemisferio occidental” en el que detalla las prioridades, objetivos y acciones para “asegurar la democracia, la seguridad y prosperidad en el hemisferio occidental”. En él se enumeran las razones por las que esta política es prioritaria y se identifican los peligros y retos para el progreso en la región. Entre ellos, identifica al tráfico de drogas como uno de los problemas más importantes a resolver y propone medidas punitivas de corte militarista para lograrlo.
Pero el riesgo para la región latinoamericana y del Caribe es enorme: un reforzamiento de la política hemisférica antidrogas puede generar un recrudecimiento de la violencia homicida, incentivar aún más la criminalización de grupos vulnerables como cultivadores y consumidores, exacerbar el punitivismo de las políticas de persecución penal, y profundizar la militarización de la seguridad pública.
El nuevo marco estratégico indica que su primer objetivo es “proteger la patria”. Esto no sólo define como prioridad el combate a las drogas sino también el fortalecimiento de la cooperación regional en materia de aplicación de la ley y el apoyo de los militares en los esfuerzos de interdicción. La evidencia demuestra que cuando este tipo de políticas se aplican, sea en el marco del Plan Colombia o en la Iniciativa Mérida, la violencia y la inseguridad se recrudecen sin que los esfuerzos se traduzcan en una reducción del consumo, la producción o el volumen de drogas traficadas[1].
Más aún, la política anunciada entraña una asimetría de origen en la que los costos y beneficios de implementarla no se reparten equitativamente entre los supuestos socios. Mientras los costos de la aplicación de la ley se transfieren a los países de producción y tránsito, los países de alto consumo disfrutan de un “bono de paz” derivado de no librar dicho combate al interior de sus fronteras. La actual crisis de seguridad en México es sólo un ejemplo de la transferencia de estos costos. La cifra de muertes relacionadas a la interdicción de las drogas supera las 300,000 en tan sólo 12 años[2].
Pero quizás el mayor riesgo de esta política es que promueve el creciente militarismo en la región. Basta ver las situaciones actuales de México y Brasil en cuanto a la relación civil-militar, y los impactos que usar al ejército para liderar los esfuerzos antidrogas ha tenido sobre la letalidad del Estado, los Derechos Humanos y el debilitamiento de las corporaciones y los gobiernos civiles[3]<link typo3>[4].
<link typo3>[1] Calculando los Costos (2012): Reporte Alternativo sobre Drogas. [En línea] Disponible en: http://www.countthecosts.org/sites/default/files/AWDR.pdf.
<link typo3>[2] Hope, Alejandro. Los 300 mil muertos. El Universal. México, 23 de febrero de 2016. [En línea] Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/alejandro-hope/nacion/2016/02/23/los-300-mil-muertos.
<link typo3>[3] Madrazo, Alejandro. Calzada, Rebeca & Romero, Jorge (2018). Actuaciones de las fuerzas públicas durante el primer lustro de la “guerra contra las drogas”: metodología detrás de la subbase “Combates” [En línea] Disponible en: http://www.politicadedrogas.org/PPD/index.php/site/documento/id/63.html/ .
<link typo3>[4] Forné, Carlos. Pérez Correa, Caralina & Gutiérrez, Rodrigo (2012). A Uso de la fuerza letal. Muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos de las fuerzas federales con presuntos miembros de la delincuencia organizada [En línea] Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2012000300004
Creado por: <link detail adam-isacson _blank external-link>Adam Isacson
Después de tres años y medio de gobierno el gobierno de Donald Trump ha publicado un “Marco Estratégico para el Hemisferio Occidental.” No se ha lanzado con mucha publicidad, ni es un documento de importancia trascendental.
El documento (o por lo menos el resumen desclasificado) dice pocas cosas verdaderamente nuevas. Esto no sorprende de un gobierno que ha dicho poco sobre la política hacia América Latina aparte de Cuba, Venezuela y los temas migratorios. Pero sí hay algunos nuevos matices notables.
El marco expresa claramente quienes son los adversarios. Dentro de la región identifica a Venezuela, Cuba y Nicaragua, “regímenes dictatoriales y represivos que amenazan la seguridad regional.” Otros regímenes que han mostrado características autoritarias, pero están más alineados con Washington, como Bolivia, Honduras o El Salvador, escapan a esa mirada.
También son adversarios los poderes extra-regionales y su “influencia maligna.” El documento solo menciona a China, aunque documentos del Comando Sur, entre otros, también advierten sobre Rusia e Irán. Ese deseo de excluir otros poderes del hemisferio recuerda a la Doctrina Monroe (según la cual Estados Unidos tendría el derecho de preservar que no haya presencia de ninguna otra potencia en el continente americano), algo que según el último Consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, está “vivito y coleando”.
En realidad, se trata más un esfuerzo de mantener alguna relevancia alrededor de la Estrategia Nacional de Defensa que publicó el Departamento de Defensa, bajo el ex-secretario James Mattis, en 2018.
Esa estrategia dice mucho sobre la amenaza de “grandes poderes,” pero apenas menciona las amenazas que más han orientado la política hacia América Latina en los últimos años. En su resumen público, ni siquiera aparecen las palabras “crimen organizado” ni “cartel.”
Aunque ninguno de estos documentos discute con profundidad la delincuencia organizada transnacional—el tema que más se discutía en el gobierno de Barack Obama—cabe notar que fue el gobierno de Trump el que, en abril de 2020, lanzó el mayor despliegue naval a la región en décadas, justificándolo como un esfuerzo contra el crimen organizado.
Otro matiz nuevo son los apartes del documento sobre la inmigración, tema bandera del gobierno de Trump. El primer objetivo que discute el Marco es la protección del territorio nacional (homeland), con el primer subobjetivo de “prevenir la migración, tráfico y trata ilegal y descontrolada de seres humanos.”
https://www.fes-colombia.org/También es notable que “alinear políticas de asilo y armonizar regulaciones de visas y migraciones” aparece como otro subobjetivo de la sección sobre el fortalecimiento democrático: no queda claro qué tiene que ver lo uno con lo otro.
En 2012, durante el gobierno Obama, el Departamento de Defensa publicó una Declaración de Política hacia el Hemisferio Occidental. Ese documento se enfocó en el fortalecimiento de las instituciones, el combate a la delincuencia organizada y el terrorismo, las misiones de mantenimiento de paz y la asistencia humanitaria. El nuevo documento del gobierno de Trump deja de lado todos esos temas.
Estos cambios abruptos de énfasis son algo ya acostumbrado en la política estadounidense hacia América Latina, cuyo paradigma principal se ha modificado varias veces en los últimos 30 años. Del anticomunismo se pasó a la lucha antidrogas, y luego contra el terrorismo, y de ahí al crimen organizado y, ahora, a “anti-influencia externa” con un poco de anti-inmigración. No hay por qué pensar que las prioridades expresadas en el actual documento sean más duraderas.
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