El autoritarismo se abre paso en Perú

Por Luis Pásara

Luego de dirigir un mensaje al país para anunciar la disolución del Congreso y la reorganización del sistema judicial, Castillo fue detenido por su propia escolta, el Congreso declaró la vacancia del cargo y tomó juramento a la vicepresidenta Dina Boluarte. Ha seguido una ola de protestas, principalmente en el sur pero que llegó a Lima con el reclamo de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.

La represión con la que respondió el nuevo gobierno ha costado varias decenas de muertos, que los fiscales investigan con lentitud. El periodismo de investigación ha esclarecido algunos casos revelándose cómo ejército y policía han disparado a matar. Un trabajo de investigación de IDL reporteros indagó cómo murieron en Ayacucho varios civiles el 15 de diciembre, por disparos de fusiles de guerra. Aunque las muertes se han producido sobre todo en el interior del país, en Lima tuvo lugar el homicidio de Víctor Santisteban, acerca del cual han circulado videos, uno de los cuales muestra cómo un policía dispara a quemarropa una bomba lacrimógena a la víctima, cuando se hallaba sin realizar ningún acto indebido. Una comunicación de Naciones Unidas (AL PER 1/2023) señala lo que parece ser la desaparición forzada de Nelson Calderón López, detenido durante la represión de las protestas.

Dina Boluarte se ha definido como “una mujer provinciana de izquierda”, pero confiesa que no entiende las protestas. Ingresado a su tercer mes, su gobierno se ha ido definiendo en los hechos como autoritario, al responder duramente a las protestas que reclaman ponerle fin. Aunque sus palabras la presentan como partidaria de acortar su mandato e ir a elecciones generales, parece claro que la presidenta pretende permanecer en el cargo hasta 2026.

Los tres partidos de derecha representados en el Congreso han frustrado el adelanto electoral y respaldan la represión, apoyados por la mayoría de medios de comunicación. El partido Avanza País planteó amnistiar a militares y policías que resulten responsables de las muertes producidas al reprimir las protestas. En palabras de uno de sus dirigentes, Aldo Borrero: “Una de nuestras grandes preocupaciones es la Policía Nacional del Perú y nuestros militares […]. Hemos propuesto a la presidenta una amnistía para todos los policías y militares en este rango de tiempo que ha habido manifestaciones. Nosotros no podemos abandonarlos”.

La justicia nacional debe juzgar los delitos que las fuerzas del orden puedan haber cometido en estas semanas de represión. De ser absolutorias sus decisiones, podrían ser llevadas ante el sistema interamericano de derechos humanos. Anticipando esa posibilidad, un representante de otro partido de derecha, Renovación Popular, el almirante en retiro Jorge Montoya, se ha dirigido por escrito a la presidenta Boluarte para solicitar el apartamiento del Estado peruano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice el texto que la soberanía nacional “no puede estar sometida al arbitrio de una entidad extranjera”, dado que, según afirma,  los miembros de la Corte IDH son “designados mediante oscuros procedimientos manejados por las ONG de izquierda”. Añade que, con el retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos –que fue una medida ya adoptada por el dictador Alberto Fujimori en 1999–, se podrá reimplantar la pena de muerte en el Perú.

Apoyado por la derecha, el gobierno se endurece

Haciendo apenas mención –“esa agitación”– a las protestas, pero sin referirse al saldo mortal resultante de la actuación gubernamental, Mario Vargas Llosa ha expresado su respaldo a la gestión de Boluarte. “Usted viene ejerciendo su cargo de manera muy valiosa […] Permítame felicitarla también por eso”, escribió en carta enviada a la presidenta.

La derecha aparece, pues, patrocinando el gobierno de Boluarte y medidas de mano dura como la declaración del estado de emergencia en las regiones más activas en protestas, la modificación del Reglamento de las fuerzas armadas que autoriza a sus efectivos a disparar al cuerpo (R.S. 013-2023-DE) o el proyecto de ley que busca un incremento drástico de las penas para quienes cometan algún delito con ocasión de su participación en actos de protesta durante los estados de emergencia.

Al ser preguntado por la violenta represión policial a las manifestantes, el ministro de Educación, Manuel Becerra, dijo de las mujeres aimaras que participan en las protestas cargando a sus bebés a la espalda: “Ni los animales son como esas mujeres”.

Al derrotero autoritario contribuye la decisión del Tribunal Constitucional –designado políticamente en mayo pasado por el Congreso– que, como puntualiza un pronunciamiento del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, “hace prácticamente imposible el control judicial sobre las decisiones del Congreso”. La reciente resolución del Tribunal “otorga al Congreso de la República un poder omnímodo, al sustraerlo al necesario y legítimo control judicial, y representa así una ruptura del equilibrio de poderes. Es, en suma, un inaceptable retroceso democrático y una señal de avance autoritario en el país”.

Casi no se especula acerca de un posible golpe militar, debido a que en la situación actual los militares, con todo el respaldo del gobierno de Boluarte, no necesitan tomar el poder para ejecutar las acciones que estimen necesarias para “garantizar el orden interno”. Por el contrario, hacerse cargo del gobierno les traería, a más del rechazo internacional, asumir la responsabilidad plena en una situación bastante complicada. No obstante, si el gobierno de Boluarte se desmoronase, los actores, también los militares, se verían obligados a volver a hacer sus cálculos.

El nivel de aprobación del gobierno de Boluarte se hallaba en 15% de los encuestados por el Instituto de Estudios Peruanos en febrero (mientras que el del Congreso que la respalda estaba en 4%). La misma encuesta indica que algo más de dos tercios de los entrevistados quieren que este año tengan lugar nuevas elecciones. El consejo directivo de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, conjuntamente con el de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú han planteado a Boluarte la necesidad de que renuncie al cargo y fuerce así la convocatoria a elecciones. La diplomacia estadounidense ha respaldado el adelanto electoral.

En las redes sociales se constata un aumento del enfrentamiento entre dos sectores irreconciliables, que hace difícil, si no imposible, un acuerdo. El primero considera que la vacancia de Pedro Castillo en la presidencia fue un golpe de estado, ignorándose así que la destitución de Castillo se produjo debido a que horas antes anunció que clausuraba el Congreso e intervenía el sistema de justicia que lo investigaba por corrupción. No obstante, en una encuesta de IPSOS, 51% de entrevistados en febrero consideraban que Castillo fue destituido por un golpe de estado.

El otro sector sostiene que las protestas y manifestaciones que llevan más de cien días son resultado de la agitación y el extremismo comunistas, con apoyo de Evo Morales y, en alguna versión más delirante, de manos venezolanas y cubanas. Exhibiendo el mayor desprecio por la filiación étnica de los manifestantes, en muchos mensajes se exige balear a los manifestantes como forma drástica de acabar con las protestas que han bloqueado carreteras y realizado ataques a locales públicos y privados.

De no producirse un cambio importante en la situación del país, este puede encaminarse, con este gobierno o uno que lo reemplace, al establecimiento de un régimen autoritario que solo podrá reimplantar el orden que reclaman los sectores de extrema derecha a un costo muy alto en vidas humanas. Acaso una reacción vigorosa de la comunidad internacional podría atajarlo.

Sobre el autor

Luis Pásara es Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como sociólogo del derecho ha concentrado su trabajo en los sistemas de administración de justicia, tema sobre el cual ha publicado extensamente; en particular, ha trabajado en Perú, Guatemala, México, Ecuador, Bolivia y Chile. Ha sido fellow en el Wilson Center for International Scholars (1980 y 2011-2012), en el Kellogg Institute (1985 y 2000-2001) y en el Kroc Institute de la Universidad de Notre Dame (2002). Es senior fellow de Due Process of Law Foundation y miembro honorífico del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.

Suscríbete a nuestro newsletter

Este artículo hace parte de nuestro newsletter número 12. Para recibir los próximos número en tu correo, haz clic aquí.