24.11.2022

Firma invitada: Remilitarización y populismo

Lo que está sucediendo en América Latina es una nueva militarización, el «retorno» de los militares en la región, convocados por las autoridades electas y con legitimidad. Las fuerzas armadas no son quienes toman las decisiones, sino que asesoran desde su peculiar punto de vista militar.

 

Por Rut Diamint

 

Actualmente lo que sucede en América Latina no es militarismo sino un proceso de remilitarización. La diferencia es importante pues militarismo presupone la unión de lo político con lo militar y, más concretamente, con el predominio castrense. Se extrema el control militar sobre la forma de vida de la población. Se busca expandir valores militares como la jerarquía, la disciplina, el orden, llevando a la sociedad hacia un ethos militar.

La militarización, aunque la diferencia parezca sutil, no es la imposición de valores militares sino una securitización. Entendemos a la militarización como una creciente participación de las fuerzas armadas en agendas sociales, políticas, económicas, ambientales y de salud. Es un juego intersubjetivo por medio del cual hay una negociación entre los presidentes y las cúpulas militares por acaparar espacios institucionales públicos, y también actividades del ámbito privado por parte de la autoridad castrense, a cambio de subordinación a la autoridad presidencial y defensa del gobierno. Los militares suman beneficios y prebendas y, sobre todo, una vinculación directa tanto con el gobierno como con la sociedad.

Decimos que es una securitización pues un problema de la agenda social, económica, política o de cualquier otra área de gobierno es resignificada en términos de inseguridad. Se crea una narrativa que lo describe como una situación de extrema gravedad los gobiernos admiten utilizar recursos especiales, suspender las normativas legales y relocalizar instituciones para enfrentar el riesgo. El gobierno, securitizando, concentra poder y los oficiales dan respuestas al problema desde la óptica militar, aumentando o empoderando a las fuerzas armadas.  Las cesiones que los gobiernos hacen a las fuerzas armadas debilitan la institucionalidad democrática.

Lo que está sucediendo en América Latina es una nueva militarización, el «retorno» de los militares en la región, convocados por las autoridades electas y con legitimidad. Las fuerzas armadas no son quienes toman las decisiones, sino que asesoran desde su peculiar punto de vista militar. Un caso en el cual se puede percibir este nuevo relacionamiento es la intervención militar ante la pandemia.

La logística institucional y la obediencia de las instituciones castrenses les permitían a los gobiernos dar una respuesta rápida y relativamente eficiente frente a un COVID-19 que no estaba en los planes ni capacidades de los gobiernos. Al mismo tiempo, los militares establecían una relación directa y no mediada por el ministerio de Defensa, con la ciudadanía, proveyendo comida, barbijos o medicinas. Eran otra vez «salvadores de la patria», pero no autoconvocados sino instrumentos del gobierno de turno. Con cada intervención, acumulaban autonomía, pero no eran responsables de las políticas del Estado.

Un sector en el cual también se da tanto una militarización de la política como una militarización de la seguridad pública, o lo que puede considerarse como una policialización de los militares y la militarización de las policías, es la intervención militar en la seguridad interna. El estamento militar cada vez tiene mayores roles protagónicos en la seguridad interna y en el sistema político en toda la región.

Naturalización de la presencia militar

Otro de los problemas de América Latina es el populismo y la polarización. Los populismos se extienden no sólo en América Latina sino en países desarrollados de Europa y Norteamérica, y en democracias débiles de África y Asia. Promesas no cumplidas desencadenan la rebelión popular que en muchas ocasiones son controladas, o reprimidas por los militares, aliados con el gobierno. Se unen dos tendencias del populismo y del militarismo, la vigilancia, el control capilar y las respuestas represivas. Los uniformados van tomado el control de las calles. Suman protagonismo sin ruido, sin botas golpeando los pasillos de las casas de gobierno y las músicas marciales acompañando su desfile en las instituciones estatales. Se naturaliza la presencia militar, sin los costos de gobernar directamente el país. Se habilita el uso de métodos coercitivos que, al mismo tiempo, deslegitiman las expresiones de opositores y críticos. En definitiva, se restringe el ejercicio democrático.

Dado que la subordinación de las fuerzas armadas al régimen republicano fue muy parcial, quedó estable una autonomía residual que permitió que los militares tuvieran un lugar privilegiado como esencia de la nación, su columna vertebral, el reducto de los valores nacionales.

Ante estas situaciones, es fundamental la presencia activa de la sociedad civil defendiendo los principios de la división de poderes, el apego institucional de las autoridades y la primacía del Estado de derecho, o sea la sumisión a la ley.

Las sociedades de la región tienen que apostar por una seguridad que no sea militarizada ni represiva. Ello no se hace únicamente actuando sobre el campo de la defensa y la seguridad, sino demandando a los políticos que cumplan con las instancias de un régimen democrático. Ello implica mayor eficiencia de las políticas públicas, los mecanismos de educación y propaganda para la concientización de la población acerca de determinados riesgos, los acuerdos y tratados de carácter bilateral, regional e incluso global, la alternancia en el poder y la transparencia del sistema político con elecciones transparentes y el resguardo de las capacidades profesionales de todos los integrantes de instituciones estatales. Todas estas acciones, directa o indirectamente aportan seguridad y generan estabilidad nacional y regional.

Sobre la autora

Rut Diamint es profesora de en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y es investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). Fue asesora del Ministerio de Defensa de la República Argentina (2003-2005). Ha sido investigadora en el Program Creating Communities in the Americas coordinado por el Woodrow Wilson Center for International Scholars (Washington DC) y en el National Democratic Institute; visiting professor en la Universidad de Columbia y obtuvo diversas becas para sus investigaciones (Fulbright, Woodrow Wilson International Center for Scholars, programa PIF del gobierno canadiense, Tinker Foundation, Comisión de Naciones Unidas para los Estudios sobre la Paz y US Studies Center for US-Mexican Studies, de la Universidad de California en San Diego).

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