Firma invitada: Militarización de la política y la seguridad pública en Brasil: un desafío para el campo progresista

Por Carolina Ricardo

El debate sobre la militarización en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro se divide en dos temas principales: la militarización del gobierno civil y la militarización de la seguridad pública. En relación con el primero, se debe destacar que la elección del presidente Bolsonaro reforzó la interrelación de las Fuerzas Armadas con el poder civil en Brasil. Cuando asumió el cargo, nombró a ocho oficiales de las Fuerzas Armadas como ministros, más que los principales presidentes del periodo militar en las décadas de 1960 y 1970. Además, la presencia de representantes de las Fuerzas Armadas en la administración federal pasó de 370 en 2013 a 1.085 en 2021, y solo en la administración de Bolsonaro el aumento fue del 70%.

Esta fuerte presencia de representantes de las Fuerzas Armadas genera una militarización del gobierno que no es deseable bajo ningún concepto, especialmente en un país cuya historia está marcada por férreas dictaduras militares. La agitación política que vive hoy Brasil se debe en gran medida a la polarización de la división entre la derecha y la izquierda, sumada a los frecuentes intentos promovidos por Bolsonaro de deslegitimar el proceso electoral y las urnas electrónicas. A este ataque a las urnas y a las instituciones se han sumado militares del gobierno y de fuera de él, cuestionando al Tribunal Superior Electoral y reclamando una exacerbada (e indeseable) participación militar en el proceso electoral.

La militarización de la seguridad pública se compone de diferentes características^[1]. La presencia de militares en puestos estratégicos del gobierno y la policía bajo el mando de las Fuerzas Armadas son dos ejemplos. Pero el fenómeno más destacable ha sido el uso de las fuerzas militares para actividades de seguridad en la vida cotidiana de las ciudades.

Este traslado de las funciones de las Fuerzas Armadas es un problema por varias razones. En primer lugar, la misión de las Fuerzas Armadas es garantizar la defensa nacional, mientras que la seguridad pública busca proteger a los ciudadanos y garantizar su vida y libertad. Estas misiones son muy distintas y requieren formas de actuación diferentes, e incluso opuestas. La lógica de la defensa nacional se acerca mucho más a la lógica de la guerra y la lucha contra el enemigo, mientras que la lógica de la seguridad pública debería ser la de mantenimiento del orden y administración de conflictos, prevención de la delincuencia y la violencia, y aplicación de la ley. La formación, los procedimientos, las cadenas de mando y las tomas de decisiones son muy diferentes en cada uno de estos ámbitos.

La banalización de la tarea desplaza la lógica de la guerra al ámbito de la seguridad pública cotidiana, lo cual causa graves violaciones de derechos humanos, ineficiencia en las actividades de seguridad pública, y resulta en prejuicios contra las propias Fuerzas Armadas, que son empleadas en actividades para las que no están preparadas.

Las consecuencias negativas de esto se evidencian en el caso brasileño de abril de 2019, en el que un músico, Evaldo, y un recolector de latas, Luciano, fueron asesinados en Río de Janeiro por más de 200 balas disparadas por una guarnición del Ejército contra el vehículo en el que viajaban el músico y su familia. Se alegó que el vehículo había evitado un control policial^[2].

Otra dimensión importante es la propia militarización de la policía. Incluso las fuerzas policiales civiles acaban reproduciendo aspectos militares perjudiciales para los derechos humanos y para la propia seguridad pública. La intensificación de la violencia policial a través de la violencia letal de la policía, la práctica de la tortura y otros tipos de violencia en los acercamientos policiales, la idea de «hacer justicia con las propias manos» para acabar con el enemigo, todo esto desempeña un papel marcado en esta militarización de las fuerzas de seguridad. También es muy común que, dentro de los propios cuerpos policiales, los departamentos más valorados sean las tropas especializadas, desplegadas para actuar en situaciones específicas, que exigen entrenamientos y procedimientos especiales, generalmente vinculados a la ética guerrera, inclusive con uniformes que remiten a un militarismo exacerbado. Esos cuerpos policiales son mucho más valorados que el patrullero de a pie, el que interactúa con los ciudadanos, la mayoría de las veces sin ni siquiera tomar las armas. Esa excesiva valorización es una dimensión importante de la militarización de las fuerzas de seguridad.

Un ejemplo que ilustra bien esa militarización de las fuerzas de seguridad fue la Operación Exceptis, llevada a cabo por la Policía Civil de Río de Janeiro en la favela de Jacarezinho. Esta operación dejó 28 muertos en la incursión de unos 200 policías armados «para una guerra», incluso después de que el Tribunal Superior Federal hubiera suspendido la realización de operaciones policiales de este tipo en las favelas de Río durante la pandemia. Además de esto, el gobierno de Jair Bolsonaro ha cobrado fuerza en un intento de aprobar en el Congreso el concepto de "exención de la ilegalidad", que termina legitimando todas las muertes causadas por policías en enfrentamientos.

Estos son retos relevantes para el futuro presidente de Brasil y especialmente para el bloque progresista[3]. Para enfrentarlos, es necesario dar prioridad a la seguridad pública en la agenda del Estado y de la sociedad en su conjunto, proponiendo caminos eficientes que respeten la democracia. No podemos aceptar que los candidatos que asumen la responsabilidad de la seguridad pública sean solo representantes de la policía o de la extrema derecha.

El sector progresista tiene que proponer, de forma concreta, objetiva y viable, lo que se espera de la policía y de los sistemas judicial y penitenciario, y ofrecer formas de hacer frente al miedo y a las demandas de orden de la población, sin renunciar a las agendas de enfrentamiento al racismo y a la violencia policial. Para reformar la policía y el sistema judicial, además de la incesante defensa de los valores democráticos, la rendición de cuentas y la responsabilidad, es necesario el compromiso de las instituciones. La búsqueda del diálogo con la policía, la justicia y los sistemas penitenciarios debe ser permanente y, al mismo tiempo, estas instituciones deben estar abiertas a mantener conversaciones. Finalmente, es necesario retomar el control civil del gobierno. Con una relación cordial y republicana, devolver a las Fuerzas Armadas sus funciones originales. No es sencillo, pero sí es posible.

Sobre la autora

Carolina Ricardo es abogada y socióloga. Directora ejecutiva del Instituto Sou da Paz, Brasil.

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^[1]Conversación sobre militarización de la seguridad extraída del texto: Ricardo, Carolina. Militarización de la Seguridad Pública. En: Revista Por la Paz, mayo 2022, nº 40. Disponible en https://www.icip.cat/perlapau/es/articulo/militarizacion-de-la-seguridad-publica/

^[2] Este caso es emblemático por muchas razones. La más reciente es que por primera vez los militares fueron juzgados y condenados en primera instancia por la justicia militar.

[3] Conversación sobre los desafíos para el bloque progresista extraída del texto: Ricardo, Carolina. De la Inseguridad al Autoritarismo En: Revista Quatro Cinco Uno, noviembre 2022, disponible en: https://quatrocincoum.folha.uol.com.br/br/artigos/laut/da-inseguranca-ao-autoritarismo