Qué esperar de las políticas de la administración Trump 2.0 con respecto a América Latina

Por Maureen Meyer

Traducción al español por Yenni Castro (Valestra Editorial)

El primer mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos (2017-2021) reveló su inclinación por una política exterior transaccional y su escaso prestigio moral o interés por elevar los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho a nivel mundial. En América Latina, su desprecio por los controles y equilibrios entre los poderes del Estado, la politización de las instituciones judiciales y los ataques a la prensa impulsaron a los gobiernos con tendencias autoritarias a desmantelar los principales esfuerzos anticorrupción y de buena gobernanza. 

En medio de crisis globales como las guerras en Ucrania e Israel-Gaza, y el objetivo de contrarrestar a China, no está claro hasta qué punto América Latina será una prioridad para la política exterior de la administración Trump 2.0. Sin embargo, las promesas electorales relacionadas con la migración y el narcotráfico probablemente pondrán a América Latina en el centro de varios debates y acciones políticas. La designación del senador Marco Rubio como secretario de Estado situará a un cubanoamericano con conocimientos e interés por América Latina en el timón de la diplomacia estadounidense. 

Trump y Rubio tienen alianzas y estrechos vínculos con líderes en América Latina de tendencia autoritaria y populista, como el presidente argentino Javier Milei -el primer líder extranjero que se reunió con Trump tras las elecciones-, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, el expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su familia, incluido su hijo Eduardo, que estuvo en la fiesta de observación electoral de Trump en Mar-a-Lago la noche de las elecciones. Aunque es probable que la administración adopte una postura firme contra los gobiernos autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, podemos esperar que forje una alianza con gobiernos conservadores y líderes de la oposición en América Latina que tengan puntos de vista similares sobre la restricción del acceso al aborto, el recorte del apoyo a la diversidad y la protección de los grupos vulnerables y el debilitamiento de los controles institucionales respecto a su propio poder.

La naturaleza transaccional de Trump y su enfoque hacia la migración y el narcotráfico, más allá del comercio y los aranceles, no serán temas nuevos para los gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, algunas de sus propuestas más extremas, como la intervención militar en México para hacer frente al narcotráfico, han ganado más tracción dentro del Partido Republicano. Cabe anticipar una fuerte respuesta policial y militar para frenar la producción y el tráfico de drogas ilícitas desde la región. Además de la presión y las amenazas de aranceles sobre México debido a la producción y el tráfico de fentanilo, Colombia también puede llegar a situarse en el centro de la diana e incluso está en riesgo de ser "descertificada" por no cooperar lo suficiente en la guerra contra las drogas si tenemos en cuenta que tiene la producción récord de coca desde 2020.

Mientras que el primer mandato de Trump se centró en la construcción del muro fronterizo, su segundo mandato parece centrarse en la deportación masiva de migrantes indocumentados que viven en EE. UU. y el desmantelamiento de las rutas legales temporales para otros inmigrantes establecidas o extendidas durante la administración Biden. Aunque la financiación y los obstáculos logísticos pueden limitar el alcance de las deportaciones, México y otros países de América Latina, que como región representan aproximadamente 7,87 millones de los 11 millones de migrantes indocumentados que se calcula que hay en el país —y la mayoría de los beneficiarios de muchos otros programas de permisos legales temporales—, tendrán que prepararse para recibir a un elevado número de deportados y para el impacto económico derivado de la reducción de las remesas. 

También cabe esperar que para los países latinoamericanos, entre otros México y aquellos en Centroamérica, renazca la presión para que cierren sus respectivas fronteras, lleguen a acuerdos de cooperación en materia de asilo y reduzcan drásticamente el número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, con el fin de evitar repercusiones económicas como aranceles o suspensiones de la ayuda estadounidense; como ocurrió con la ayuda a Centroamérica durante parte del primer mandato de Trump.

Con una mayoría republicana en el Congreso, es probable que Trump logre asegurar el apoyo y la financiación que necesita para llevar a cabo su restrictiva agenda de inmigración. Los republicanos ya han aprobado en la Cámara de Representantes leyes que restringen aún más el acceso al asilo, restablecen el programa

"Quédate en México" y los acuerdos con países que fungen como "tercer país seguro" para la acogida de solicitantes de asilo, y al mismo tiempo pretenden condicionar la ayuda estadounidense al exterior a la aplicación de las leyes regionales de inmigración.

Sin embargo, Trump puede encontrarse con más obstáculos a la hora de reducir y reestructurar algunas partes de la ayuda al exterior. Durante su primer mandato, el Congreso, incluso cuando los republicanos eran mayoría en ambas cámaras, rechazó los recortes propuestos para muchos programas.  En el caso de América Latina y el Caribe, la ayuda estadounidense entre 2018 y 2021 osciló entre los 1.670 y 1.800 millones de dólares cada año, cifra equiparable a la de años anteriores, aunque el enfoque de algunas categorías de ayuda al exterior y los países beneficiarios cambiaron. El Congreso también se opuso a la propuesta de Trump de eliminar la Fundación Interamericana para el Desarrollo, aunque la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, ha intentado reducir a la mitad su financiación en los últimos años, y el Congreso ha mantenido el apoyo a la Organización de Estados Americanos.

No obstante, con Trump como presidente y un Congreso controlado por los republicanos durante al menos los próximos dos años, habrá un reajuste de las áreas prioritarias para la recepción de ayuda estadounidense si es que no se producen reducciones sustanciales, y las opiniones ideológicas influirán cada vez más en las asignaciones de fondos estadounidenses. Los republicanos ya han intentado eliminar o reducir drásticamente la ayuda estadounidense a Colombia bajo la administración Petro y retener la ayuda económica a los países que contraten médicos cubanos. La versión del proyecto de ley de la ayuda al exterior para 2025 aprobada por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, elimina las contribuciones estadounidenses al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aludiendo al papel de China en el BID.

A nivel mundial, las prioridades para la ayuda estadounidense al exterior de los republicanos que actualmente lideran la legislación relacionada con la ayuda al exterior en la Cámara de Representantes muestran claramente que Trump no encontrará ninguna oposición a la hora de eliminar la financiación mundial destinada a hacer frente a la crisis climática, de reducir drásticamente o poner fin a la financiación de la ONU y otros organismos internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, y de priorizar los recursos para contrarrestar a China y reforzar la asistencia en materia de seguridad, incluida la seguridad fronteriza y la lucha contra el flujo de drogas ilícitas en el país.

Las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, y de todo el mundo, que apoyan los derechos humanos, los esfuerzos contra la corrupción, la independencia judicial, la diversidad, la igualdad de género, los derechos reproductivos y el medio ambiente, encontrarán menos aliados en los puestos de liderazgo de la presidencia y del Congreso. La reducción en la financiación y el apoyo estadounidenses a estos esfuerzos llegará en un momento cada vez más peligroso para las organizaciones de la región, que han experimentado una disminución en la ayuda relacionada con los derechos humanos por parte de la comunidad filantrópica y reducciones en la financiación de los gobiernos europeos, que también han disminuido drásticamente la ayuda exterior en los últimos años.

Para seguir avanzando, las organizaciones de la sociedad civil deberán evaluar sus estrategias de incidencia y adaptarse al panorama actual de desinformación, la expansión de las redes sociales y a un número cada vez más alto de gobiernos con tendencias autoritarias en todo el mundo que operan con el mismo manual. El fortalecimiento de las alianzas y la coordinación entre las organizaciones de América Latina, Estados Unidos y Europa será esencial para defender los logros del pasado y resistir una mayor erosión de las normas democráticas y del Estado de derecho.

Sobre la autora

Maureen Meyer es vicepresidenta para Programas en la Washington Office on Latin America (WOLA). Antes de asumir este cargo en 2020, pasó 14 años dirigiendo el programa de México de WOLA y el trabajo de esta organización sobre derechos humanos y democracia en Centroamérica. Previamente, Meyer vivió y trabajó durante cinco años en Ciudad de México, principalmente con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Meyer posee un máster en Desarrollo Internacional por la American University y una licenciatura en Español y Antropología de la Universidad de Arizona.

Suscríbete a nuestro newsletter

Este artículo hace parte de nuestro newsletter número 19. Para recibir los próximos número en tu correo, haz clic aquí.