Zona de Paz en América del Sur

Por Augusto Varas

Después de treinta años del conflicto ecuatoriano-peruano en la cuenca del Río Cenepa y en el actual contexto estratégico mundial y latinoamericano, la propuesta regional Zona de Paz en América del Sur se ha vuelto a poner en la agenda política regional. Para una mejor comprensión de esta iniciativa es necesario distinguir entre la propuesta y la realidad regional.

Las propuestas

Esta iniciativa se remonta a la resolución 41/11, “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur”, realizada en la 50º Sesión Plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 1986. Desde ese año hasta la actualidad se han formulado cerca de una veintena de declaraciones y compromisos equivalentes (regionales y subregionales), por diversos entes multilaterales (latinoamericanos y subregionales) y gubernamentales de alto nivel (reuniones presidenciales y de cancilleres). De hecho, en 1999, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay acordaron declarar al Mercosur, Bolivia y Chile como Zona de Paz.

Los principales temas en torno a los cuales se han centrado estos acuerdos se refieren al no uso de armas de destrucción masiva, químicas y biológicas; la desnuclearización; la prohibición de bases militares extranjeras; el control de armas y desarme; el desarrollo de medidas de confianza mutua y cooperación regional para la paz; la ampliación y sistematización de la información que proveen los países de la región al Registro de Armas Convencionales de la ONU; y el establecimiento de una metodología uniforme para informar sobre el gasto militar, con el objetivo de aumentar la transparencia y el fomento de la confianza.

Estas iniciativas también pusieron énfasis en el desarrollo de una cultura de paz. Así, la resolución de la OEA de 2003 instó a los Estados miembros a llevar a cabo seminarios, cursos y estudios sobre la creación y funcionamiento de zonas de paz y cooperación en la región, e intercambiar experiencias de estos eventos académicos. Específicamente, en julio de 2004, la Declaración de San Francisco de Quito sobre “Establecimiento y Desarrollo de la Zona de Paz Andina” destacó la importancia del diagnóstico de la enseñanza de la historia andina y la propuesta para contar con mecanismos y procedimientos para transmitir una visión común a través de los textos de enseñanza en los niveles primario y secundario.

Al mismo tiempo existe un conjunto de tratados y convenciones regionales que constituyen factores habilitantes de regímenes de paz más amplios y profundos, tales como la Convención sobre Armas Biológicas y Químicas, la Convención sobre las Municiones en Racimo, la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales, el Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares y el de Prohibición de los Ensayos Nucleares,

Uno de los avances regionales, no continuados, fueron los trabajos encargados a Cepal sobre metodología de comparación de gastos militares entre Chile, Argentina y Perú. En 1998 se dio inicio a una metodología estandarizada común para la medición de gastos de defensa presentada a los gobiernos de Argentina y Chile. En 2001, otro estudio preparado por Cepal en coordinación con el Departamento de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe y el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, incluyó a Perú.

En diciembre de 2008, los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la III Reunión Ordinaria de la UNASUR fueron más allá recomendando fortalecer las acciones suramericanas en una variedad de áreas: política de defensa, cooperación militar, acciones humanitarias, operaciones de paz, así como formación y capacitación.

Identidad suramericana de defensa

Un año más tarde, en la Declaración de Santiago, 9-10 de marzo de 2009, de los Ministros de Defensa del Consejo de Defensa Suramericano, estas propuestas avanzaron sustancialmente acordando: construir una identidad suramericana de defensa que contribuya al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe; generar consensos para fortalecer la cooperación regional en defensa; crear una red para intercambiar información sobre políticas de defensa; realizar un seminario sobre modernización de los Ministerios de Defensa; y compartir y dar transparencia a la información sobre gastos e indicadores económicos de la defensa

Así mismo, se propuso identificar los factores de riesgo y amenazas que puedan afectar la paz regional y mundial; crear un mecanismo para contribuir a la articulación de posiciones conjuntas de la región en foros multilaterales sobre defensa; establecer un mecanismo de consulta, información y evaluación inmediata ante situaciones de riesgo para la paz en la región, en conformidad con el Tratado de UNASUR; planificar un ejercicio combinado de asistencia en caso de catástrofe o desastres naturales; organizar una conferencia sobre lecciones aprendidas en operaciones de paz; elaborar un inventario de las capacidades de defensa que los países ofrecen para apoyar las acciones humanitarias; e intercambiar experiencias en el campo de las acciones humanitarias.

La lista se completó con la elaboración de un diagnóstico de la industria de defensa de los países miembros identificando capacidades y áreas de asociación estratégica, para promover la complementariedad, la investigación y la transferencia tecnológica; elaborar un registro de las academias y centros de estudio en defensa y sus programas y crear una red suramericana de capacitación y formación en defensa; y proponer programas de intercambio docente y estudiantil, homologación, evaluación y acreditación de estudios, reconocimiento de títulos y becas entre las instituciones existentes, en materias de defensa. La disolución -en la práctica- de UNASUR entre 2018-2019 suspendió el desarrollo de estas iniciativas.

Una expresión de esta nueva visión de las relaciones militares regionales fue la creación en 2005-2011, entre Argentina y Chile, de la Fuerza de Paz Binacional Cruz del Surpara operaciones de paz

En el caso de Chile, la Zona de Paz fue tardíamente incorporada en la política de defensa del país. En el Libro de la Defensa, 2010, y a partir de la identificación de objetivos del Consejo de Defensa de UNASUR, se mencionó como una de sus primeras prioridades el “Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como contribución a la paz mundial” (Libro de la Defensa, 2010:164). La versión 2017 del Libro vinculó directamente la política defensa nacional con la Zona de Paz como proyecto en construcción: “Chile ha orientado la actividad internacional de su Política de Defensa a trabajar en los sistemas de cooperación con el propósito de contribuir a la paz y seguridad global. Asimismo, se ha enfocado a fortalecer las instituciones de cooperación a nivel subregional, regional e interamericano para consolidar a América Latina como una zona de paz” (Libro de la Defensa, 2017:72).

La realidad

Una serie de acontecimientos han vuelto a poner la desnuclearización y el involucramiento regional en tensiones extra regionales en primera línea, renovando la necesidad de reponer y actualizar el proyecto de Zona de Paz sudamericano.

Entre ellos se encuentran, la presencia militar y/o provisión de armamento de Rusia, Irán, Turquía y China; la instalación de la base satelital china en Neuquén; la construcción del submarino nuclear en Brasil; la aprobación por el pleno del Congreso del Perú del acceso de militares estadounidenses en su territorio; y la intención del presidente Daniel Noboa del Ecuador -después de una década y media del retiro de la base de los EE.UU. en Manta- de permitir instalaciones militares internacionales para combatir la creciente influencia de grupos criminales en la región.

En materia nuclear, si bien el Tratado de Tlatelolco permite ensayos nucleares “por mandato de terceros”, las declaraciones de Argentina y Brasil interpretando esta norma como autorización a la “asociación con terceros”, debería ser objeto de análisis considerando la actual presencia de potencias nucleares en la región.

Es necesaria materializar la voluntad largamente declarada y nunca realizada de constituir a América del Sur como Zona de Paz. Para ello hay que tener en consideración los desarrollos políticos-estratégicos a nivel mundial y regional, la reconfiguración geopolítica internacional, y la situación política, económica y social de la región. Igualmente, la existencia de una sustantiva acumulación de mecanismos y acuerdos regionales de paz, el conjunto de propuestas de paz existentes al más alto nivel político, y las experiencias y metodologías apropiadas para el desarrollo de medidas de confianza mutua le dan viabilidad a esta iniciativa. El Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, “Nuestra Agenda Común” (2021) propone 12 medidas para la paz global, las que deben ser igualmente consideradas.

Hoy más que nunca es necesario distinguir con claridad las intenciones de la realidad, dado que declarar a América Latina como zona de paz ―ya que no han estallado conflictos interestatales en tres décadas― es solamente un objetivo estratégico. Falta, en cambio, priorizar las propuestas existentes, incluirlas en una formulación actualizada, y poner en práctica, más allá de la retórica, los mecanismos multilaterales regionales que lo permitan efectivamente.

Sobre el autor

Augusto Varas Fernández es Doctor en Sociología, exdirector del Área de Relaciones Internacionales y Militares de FLACSO-Chile, y exrepresentante de la Fundación Ford en la Región Andina y el Cono Sur. Fue asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (1990–1992) y de la Subsecretaría de Defensa (2015–2016).

Ha ejercido la docencia en Chile, Estados Unidos y España, y es autor de libros y artículos sobre las Fuerzas Armadas, la defensa nacional, las relaciones internacionales y la democracia en Chile y América Latina. Entre sus obras se destacan La democracia frente al poder: Chile, 1990–2010 (2012), El gobierno de Piñera, 2010–2014 (2014), Legitimidad del monopolio y uso de la fuerza en Chile: Fuerzas Armadas y Carabineros en la nueva Constitución (2021), y Las Constituciones del miedo: Chile, 2019–2023 (2024).

Actualmente, es presidente ejecutivo de la Fundación Equitas (Chile).

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