Las élites colombianas y la falta de una economía para la paz

Por Jenny Pearce y Juan David Velasco

Colombia tiene una larga experiencia negociando la paz. Durante las últimas tres décadas, el país ha suscrito sucesivos acuerdos con organizaciones armadas y ha desmovilizado a más de 70.000 combatientes. Ha creado instituciones de justicia transicional, programas de reincorporación, mecanismos de reparación a las víctimas y ambiciosas políticas de construcción de paz. El Acuerdo Final de 2016 fue aún más lejos: planteó explícitamente que cerrar el conflicto requería una reforma rural integral y cambiar el enfoque en la lucha contra las drogas. 

Y, sin embargo, la violencia se reproduce, en parte porque muchos de los acuerdos firmados se incumplen. Es una de las razones por las cuáles Colombia sigue atrapada en una violencia crónica. Así, los grupos cambian de nombre, se fragmentan y aparecen nuevos liderazgos. Pero algo cambia poco: la geografía de la guerra y las causas estructurales del conflicto. Territorios que desde la década de 1980 estuvieron bajo el control de grupos armados no estatales continúan hoy sometidos a distintas formas de regulación social por fuera del Estado de derecho.

¿Cómo explicar esta persistencia de las violencias en plural?

La singularidad colombiana

En ¿Quién manda en Colombia? proponemos abordar esa pregunta desde un ángulo menos explorado: la arquitectura del poder y la responsabilidad histórica de las élites en la falta de construcción de un proyecto incluyente de nación. 

Nuestra teoría de la singularidad colombiana intenta explicar cómo han podido coexistir durante décadas instituciones electorales relativamente estables y una reconocida estabilidad macroeconómica con una elevada desigualdad, fragmentación territorial y múltiples violencias. Para comprenderlo estudiamos a las élites no como un bloque homogéneo, sino como distintas constelaciones —oligárquicas, políticas, tecnocráticas, gremiales y judiciales— que compiten entre sí, pero también comparten determinados principios sobre la organización del poder.

Uno de nuestros principales argumentos es que las élites colombianas no lograron construir un proyecto nacional capaz de integrar los territorios donde históricamente se concentró el conflicto armado.

La geografía permite verlo con particular claridad. La vereda La Julia, en Uribe, Meta, fue durante décadas una retaguardia estratégica de las FARC y hoy vuelve a ser un corredor importante para estructuras disidentes al mando de alias Calarcá. Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare, fue otro enclave histórico de esa guerrilla y continúa bajo fuerte influencia de actores armados. En el otro extremo del país, El Tomate, en San Pedro de Urabá, estuvo en el corazón del poder de la Casa Castaño; hoy su entorno sigue siendo estratégico para el Clan del Golfo (o como ellos se autodenominan, Ejército Gaitanista de Colombia).

Lo revelador no es que hayan cambiado las siglas de quienes controlan esos territorios, sino que no hayan cambiado los lugares. Ni las estrategias de plomo ni los acuerdos de paz —con su énfasis predominante en el desarme, la desmovilización y la reinserción (DDR)— han logrado integrar plenamente esos territorios al Estado de derecho y a una economía legal capaz de ofrecer oportunidades sostenibles.

Esta continuidad también guarda relación con la distribución de los costos de la guerra. Las élites nacionales no los asumieron directamente en la misma proporción que otros sectores de la sociedad. La victimización se concentró desproporcionadamente en poblaciones rurales, campesinas, indígenas y afrocolombianas. Pero también existió un desinterés por pagar más impuestos. 

El papel de Estados Unidos

La asistencia estadounidense, particularmente mediante el Plan Colombia, financió una parte importante del fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de seguridad. En el libro calculamos que los recursos aportados por Estados Unidos equivalen aproximadamente al recaudo de seis reformas tributarias colombianas de las últimas tres décadas. Sin esa financiación externa, sostener un esfuerzo comparable habría requerido una mayor movilización de recursos tributarios para las élites, incluidos potencialmente mayores impuestos al patrimonio, las rentas altas y los dividendos.

Esto ayuda a comprender otro componente de nuestra teoría: la dependencia pragmática de las élites colombianas respecto de Washington. En perspectiva latinoamericana, las élites colombianas han desarrollado una relación particularmente estrecha con Estados Unidos. Esa dependencia ha reducido los márgenes de autonomía frente a asuntos decisivos para cerrar la guerra, especialmente la política contra las drogas y determinadas estrategias de negociación con grupos armados relacionados con la justicia y la entrega de bienes. 

Existe, además, otra desconexión. Colombia construyó una tecnocracia económica altamente cualificada, familiarizada con los lenguajes de las finanzas internacionales y los organismos multilaterales. En el libro encontramos que el 54% de quienes ocuparon los cargos de ministro de Hacienda, director del DNP o codirector del Banco de la República entre 1991 y 2022 tuvieron algún vínculo con Fedesarrollo.

Es una fortaleza institucional que debe reconocerse. Pero también permite observar un vacío. Una revisión de Coyuntura Económica, la publicación emblemática de Fedesarrollo, muestra décadas de sofisticada reflexión sobre inflación, productividad, política monetaria, disciplina fiscal, comercio exterior, pensiones y mercado laboral. Sin embargo, la pregunta por el modelo de desarrollo necesario para integrar los territorios donde se reproducía la guerra nunca alcanzó una centralidad comparable.

Inversiones y exclusión

Mientras se discutía cómo estabilizar la economía, territorios como La Julia continuaban por fuera del Estado de derecho. Mientras se negociaban acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y países europeos, enclaves cocaleros como Puerto Cachicamo permanecían vinculados a economías ilícitas sin tener una propuesta realista desde la élite tecnocrática.

Algo semejante ocurrió con la élite oligárquica (aquella que “más brilla” por su poder excesivo dentro de las constelaciones de élites). Invertir donde existen infraestructura, consumidores y rentabilidad es una decisión económicamente racional. El resultado agregado, sin embargo, fue que las grandes inversiones tampoco llegaron a esos territorios. Extensas regiones quedaron simultáneamente por fuera de una estrategia pública sostenida y de una apuesta del sector privado en el largo plazo.

De esa forma, Colombia aprendió a estabilizar su economía, pero no desarrolló con la misma sofisticación un proyecto para integrar sus periferias. Ahí reside precisamente una de las grandes deudas históricas de sus élites. El conflicto armado colombiano nunca fue únicamente un problema de seguridad. También ha sido expresión de una imaginación territorial limitada de las élites y de una imaginación acotada sobre las rutas hacia el progreso.

Cerrar definitivamente el conflicto exige entonces algo más que negociar con una organización armada o derrotarla militarmente. Requiere transformar las condiciones que permiten que, cuando una organización deja las armas, otra llegue a ocupar rápidamente el mismo territorio. A eso lo llamamos en el libro, como la necesidad de “una verdadera economía para la paz”. 

Así, después de décadas de acuerdos parciales de paz y desmovilizaciones, quizá esa sea la pregunta fundamental: ¿cómo hacer para que los territorios donde se desmoviliza un grupo empiecen realmente a formar parte de la nación?
 

Sobre los autores 

Jenny Pearce es doctora en Ciencia Política y una reconocida académica en el estudio de la violencia, la paz, la participación y las desigualdades en América Latina. Actualmente es profesora visitante del International Inequalities Institute de la London School of Economics and Political Science (LSE). En 2023 recibió el premio Martin Diskin Memorial Lectureship, otorgado por LASA y Oxfam America.

Su trabajo estudia las relaciones entre violencia, paz, desigualdad y poder, así como la participación política, la seguridad humana, la formación del Estado y las élites, combinando investigación académica con metodologías participativas y trabajo directo con comunidades.

Juan David Velasco Montoya es Senior Atlantic Fellow del London School of Economics and Political Science (LSE), es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional y MSc en Desigualdades y Ciencias Sociales del LSE. 

Durante quince años ha trabajado en derechos humanos, justicia transicional, política social, análisis electoral y resolución de conflictos. Ha sido asesor de magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá y del Jefe Fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Actualmente es profesor de la Universidad El Bosque y durante diez años fue profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. 
 

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