La negativa alianza de seguridad Estados Unidos - América Latina

Por Augusto Varas 

Durante su segunda presidencia el presidente Donald Trump está poniendo en marcha una serie de medidas para dominar a América del Sur, Central, México y el Caribe. Entre otras, ha puesto en marcha el Escudo de las Américas con el fin de combatir el crimen organizado y frenar la migración, y ataques a embarcaciones en el Caribe y en las costas del Océano Pacífico tripuladas por supuestos traficantes. Ha secuestrado al presidente de Venezuela y se ha apoderado de las reservas petrolíferas de este país mientras que vincula terrorismo con crimen lo que le permitiría justificar intervenciones militares en la región. Esta ofensiva tiene numerosos antecedentes que han variado según las circunstancias de seguridad global y local.  

Desde la Segunda Guerra Mundial las relaciones militares de los Estados Unidos con la región se organizaron institucionalizando el sistema interamericano de defensa, creándose la Junta Interamericana de Defensa (1942), la Escuela de las Américas (1946), el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947), la Ley de Asistencia Mutua (1951), el Programa Asistencia Militar (PAM, 1951) para la transferencia de armamento, el Colegio Interamericano de Defensa (1962), y el Programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET, 1976).

Su soporte ideológico, la doctrina de seguridad nacional, desarrollada desde la Guerra Fría, postuló que las democracias occidentales no sólo estaban amenazadas por el bloque socialista-soviético, sino también por un enemigo interno: los partidos y organizaciones de izquierda. El Plan Cóndor (1975–1980s) la operacionalizó. Se estima que, entre 1946-2026, 60.000 oficiales latinoamericanos fueron instruidos bajo esta noción.

Esta institucionalización coexistió con la inducción y apoyo de los Estados Unidos a golpes y regímenes militares: Venezuela (1952), Colombia (1953), Guatemala (1954), Brasil (1964), República Dominicana (1965), Chile (1973), Uruguay (1973), Argentina (1976), Granada (1983), y Panamá (captura de Manuel Noriega, 1989).

En 1963 se concentró el mando de las operaciones militares en la región en el US Southern Command (USSSOUTHCOM) siguiendo una política de Estado -las Estrategias de Seguridad Nacional (NSE)-, actualizadas en cada administración.

Con el fin de la Guerra Fría, el eje discursivo se desplazó del anticomunismo al narcotráfico y el crimen organizado, enfatizando el patrón de fortalecimiento de las capacidades militares -policiales: Plan Colombia (1999) e Iniciativa Mérida (México y Centroamérica, 2008). Paralelamente, en 2008, se reactivó la Cuarta Flota en el Atlántico Sur. Argentina, Brasil y el Parlamento del Mercosur cuestionaron lo que vieron como una militarización de las tensiones Estados Unidos-ALBA (Alianza Bolivariana para América). 

En el nuevo siglo estas orientaciones se ampliaron incluyendo temas inéditos. La NSE-2010 (Barak Obama) afirmó que las principales amenazas a la estabilidad hemisférica son de naturaleza transnacional, como el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, la inmigración ilegal, el tráfico de armas de fuego y el terrorismo. Posteriormente, la NSE-2015 agregó la superposición financiera y operativa entre redes criminales y terroristas en la región; el acercamiento a China; la mayor presencia rusa; desafíos de organismos regionales como CELAC, “que excluyen deliberadamente a Estados Unidos y buscan limitar nuestro papel en el hemisferio para contrarrestar el extremismo islámico, el reclutamiento y esfuerzos de radicalización que apoyan actividades terroristas”.

La NSE-2022 (durante la presidencia de Joe Biden) formuló la “disuasión integrada” para “enfrentar por debajo del umbral tradicional de conflicto a China, Rusia y otros Estados (en 2025 se incluyó a Irán), integrando los dominios terrestres, aéreos, marítimos, cibernéticos, espaciales, económicos, tecnológicos y de información. Y a todo el gobierno de los Estados Unidos: diplomacia, inteligencia, herramientas económicas; asistencia de seguridad y decisiones sobre la postura de la fuerza; integración con aliados en interoperabilidad y capacidades conjuntas, planificación cooperativa y enfoques diplomáticos y económicos coordinados”. La creación de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA, 1960), post-revolución cubana, ayudó a implementar estos objetivos.

Estas ocho décadas de la presencia militar institucionalizada en la región finalizaron al declararse obsoleta la legitimación de esas políticas. Días después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses (3.1.2026), Stephen Miller (Jefe Adjunto de Gabinete de la Casa Blanca para Asuntos Políticos) lo transparentó sin ambages: “El futuro del mundo libre depende de que Estados Unidos tenga la confianza para defender su soberanía y promover sus intereses sin pedir disculpas”, reiterando declaraciones previas del presidente Trump. Más clara fue la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, al declarar que EE.UU. puede colapsar "cualquier país que queramos". Así, la política estadounidense rompió todos los marcos multilaterales y reglas informales que organizaban el uso de su fuerza en la región. 

La nueva política militar de los Estados Unidos hacia América Latina movió sus propios límites dándole a la sumisión política la primacía unidimensional en las relaciones gobierno a gobierno, fórmula sintetizada como “Doctrina Donroe” (enero, 2026), que afirmó la preeminencia integral de los Estados Unidos en América Latina frente a competidores externos, combinando diplomacia, comercio, sanciones y presión militar. 

Así, el “Escudo de las Américas” (marzo, 2026) -declaración firmada por 17 países latinoamericanos- establece el intercambio de inteligencia, la coordinación de operaciones militares conjuntas, el control migratorio y la contención de amenazas a la “seguridad regional” como el narcotráfico, la migración irregular y la expansión de organizaciones criminales transnacionales, profundizando el rol policial de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con esta declaración, se establecería “un Órgano de Consulta conforme a los Artículos 6 y 13 del TIAR que promueva y facilite la acción colectiva contra las organizaciones narcoterroristas bajo el Tratado de Río”. El artículo 6 señala que frente a “cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América” se acordarán medidas “que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente”, lo que deja abierta la acción militar conjunta contra cualquier país que a juicio de la mayoría de los miembros de ese Órgano no esté conteniendo tales amenazas.

Aun cuando la propuesta de la ONU-2344 (1967) promovía la eliminación de bases militares extranjeras en la región, Estados Unidos ha mantenido y proyectado su fuerza en bases propias y presencia militar permanente en otras que aún están bajo control nacional (cuasi-bases). En enero pasado aprobó US$1.500 millones para modernizar y construir una nueva infraestructura en la Base Naval del Callao, a 80 kilómetros del megapuerto de Chancay (Perú) financiado por China. 

Igualmente, las obras en la Base Naval Integrada en Ushuaia (reiniciadas en septiembre, 2026) para la proyección argentina en el Atlántico Sur y la Antártida -definida por los Estados Unidos como iniciativa estrictamente argentina- ya habían sido visitadas por jefes del USSSOUTHCOM, Laura Richardson (2024) y Alvin Holsey (2025), dado el interés estadounidense de impedirle a China la instalación o financiamiento de medios de uso dual como su Estación de Espacio Lejano en Neuquén. Considerando la propuesta de Donald Trump de ser "mediador" en el conflicto entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, a fin de evitar "un desastre potencial", el general Carlos Alberto Presti, ministro de Defensa argentino, señaló que la "alianza estratégica con Estados Unidos" permitiría a la Argentina "equiparnos y posicionarnos a nivel hemisferio".

Otro componente de esta política fue formalizado recientemente por Elbridge Colby, Subsecretario de Guerra para Asuntos Políticos, al declarar: “Queremos socios fuertes, fiables y efectivos, no débiles y dependientes”, exigiendo a los países latinoamericanos aumentar su gasto militar. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado informó que los fondos del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF), originalmente aprobados para Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak serían redestinados a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia, en el marco de la Alianza de las Américas. Ambas políticas aumentarán las demandas castrenses por la compra de armamento en la región. 

Este conjunto de políticas configura un incentivo perverso para gobiernos y fuerzas armadas latinoamericanos, rivalizando en establecer una relación militar única con los Estados Unidos que, en su defecto, castigaría a gobiernos no deseados, como lo señala la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre 2025. La disuasión militar de un país frente a otro, aliado de Estados Unidos, sería nula y su soberanía peligraría.

El más reciente paso ha sido la reunión en septiembre de Trump con una serie de gobernantes latinoamericanos en New York para reconfirmar su compromiso como el liderazgo estadounidense en el Escudo de las Américas. 

Estas nuevas políticas estadounidenses desestabilizan las actuales relaciones político-militares en la región, dejándolas dependientes del tipo de gobierno que se elija, e impidiendo alcanzar en una efectiva zona de paz regional. Por ahora, la unidad latinoamericana por la paz depende fundamentalmente de la coordinación y movilización regional de las organizaciones de la sociedad civil por la soberanía nacional y regional.

Sobre el autor 

Augusto Varas Fernández, Ph.D. Sociología (Washington University, St. Louis). Ha sido docente de múltiples instituciones, entre ellas el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile; del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid; Duke University y University of Wisconsin (Madison); Public Policy Scholar y Vice-Co-Chair del Advisory Council, Latin American Program, Woodrow Wilson International Center; Senior Research Fellow, FRIDE-España; y coordinador de seminarios del Norwegian Peacebuilding Center (NOREF). Autor de numerosos libros y artículos sobre relaciones internacionales, seguridad, fuerzas armadas, democracia y política internacional. Fue Representante de la Fundación Ford para la Región Andina y el Cono Sur; y asesor del Secretario General de la Presidencia (gobierno de Patricio Aylwin) y del Subsecretario de Defensa (gobierno de Michelle Bachelet). Actualmente es Presidente del Directorio de la Fundación EQUITAS (Chile).

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