Hay mucho que hacer en los próximos cinco años. Desde la sociedad civil se deberán realizar todos los esfuerzos para el restablecimiento del orden democrático y la transparencia en el quehacer del estado. En esta tarea, los movimientos sociales y los gobiernos extranjeros cumplen un papel importante.
El presidente Nayib Bukele de El Salvador ha sido electo para un segundo mandato en una elección inconstitucional con ilegalidades e irregularidades.
Entre otros ejemplos, la constitución del país prohíbe la reelección presidencial consecutiva en seis artículos. La administración del presidente Bukele cambió las reglas del proceso electoral fuera del período establecido, se realizaron modificaciones a la forma de tabular votos y el número de diputados y municipios. Estos cambios favorecieron al partido oficial que, además, durante la campaña hizo publicidad para sí y sus candidatos con recursos del estado. El Ministerio de Hacienda no pagó la deuda política a los partidos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) demostró ser partidario e ineficiente, la votación en el exterior se realizó con presencia oficial y poco control, y hubo falta de transparencia en dar a conocer resultados.
El presidente y su círculo han dañado seriamente a la democracia y la institucionalidad del país. El candidato a vicepresidente lo expresó claramente: “Vamos a destruir la democracia”. Lo más grave fue obtener un control total de los tres poderes del estado y el TSE; desaparición o transformación de instituciones y leyes públicas claves. Por ejemplo, promulgar el estado de excepción casi permanente; usar la ley de adquisiciones públicas que concentra contratos del estado y elimina la transparencia; unificar programas sociales o instituciones en organismos controlados por el Ejecutivo; eliminar la participación ciudadana en el quehacer del estado; uso irresponsable de las finanzas públicas; y serias violaciones de los derechos humanos. Esta acumulación de factores permite afirmar que las elecciones de febrero 2024 han sido un fraude anunciado.
A pesar de lo anterior, Nayib Bukele ganó con resultados que confirman su gran popularidad entre los salvadoreños. Según el TSE obtuvo el 82.7% de los votos válidos. Hubo un alto abstencionismo, del 49%. Esto implica que ganó con el 42% de los votos potenciales.
Los factores claves que explican esa popularidad de Nayib Bukele son varios, pero solo uno no depende del presidente y su equipo. Se trata del debilitamiento de los partidos de oposición y su fracaso como gobernantes. Esto permitió que Bukele los catalogara a todos juntos con una frase que le permitió ganar un fuerte apoyo inicial: “los mismos de siempre”.
Los otros factores que explican esa popularidad son el excelente, masivo y eficiente uso de las comunicaciones, sobre todo las redes sociales. También el “pan y circo”. El “pan” ha sido poco, repartición de canastas alimentarias los días antes de la elección. El “circo” ha sido más evidente en los meses previos a las elecciones: la celebración de los Juegos Centroamericanos, el concurso de Miss Universo, la presencia del jugador de fútbol Messi en el país, la inauguración de varias obras públicas, entre otras.
Otros factores graves son la represión y violación de los derechos humanos de presuntos criminales y delincuentes, de periodistas críticos, de funcionarios que se han negado a colaborar. El apoyo explícito e implícito de muchos gobiernos extranjeros, como es el caso de China, y otros menos evidentes que no han condenado las violaciones a la Constitución y las leyes y han seguido una política de “zanahoria y garrote”.
Sin embargo, el factor clave de la popularidad de la gestión de Bukele ha sido la entrega de resultados a la necesidad más sentida de la población: la seguridad. Por primera vez en décadas la población siente que un gobierno hace algo contra la violencia que afectaba a casi toda la sociedad. Esto lo ha logrado negociando, de forma ilícita y oculta, con los cabecillas de las pandillas. Ello es ilegal, pues un gobierno no puede negociar con “grupos terroristas”; es insostenible, pues se hace sin informar a la ciudadanía - y menos con su participación, por la carga que es mantener a 72,000 presos adicionales en cárceles por décadas, y por el riesgo de que ellos se subleven ―como ya sucedió en otros países― contra un pacto que también les fue inconsulto. Pero lo más grave de este proceso es que no resuelve el problema de manera estructural, se limita a reprimirlo. No ataca las causas estructurales que lo producen, especialmente el problema de la pobreza, que durante su gestión se ha incrementado en más de cinco puntos.
Es importante reflexionar sobre qué hacer ante cinco años más de un gobierno populista, con un poder casi absoluto, que ha demostrado que gobierna para permanecer en el poder a cualquier precio, a costa de destruir la institucionalidad democrática. Bukele ha debilitado fuertemente las finanzas del Estado, elevando la deuda pública a más del 80% del PIB, y ha creado un serio problema con más de 72 mil presos adicionales y qué se hará con ellos y sus familias en el futuro.
Hay mucho que hacer en los próximos cinco años. Desde la sociedad civil se deberán realizar todos los esfuerzos para el restablecimiento del orden democrático y la transparencia en el quehacer del estado. En esta tarea, los movimientos sociales y los gobiernos extranjeros cumplen un papel importante. Las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación deben educar de manera comprensible y accesible a la población sobre sus derechos y obligaciones. Se deben reestablecer los derechos constitucionales y humanos de la población, especialmente de aquellos privados de libertad y de libertad de expresión. Es necesario luchar por la independencia del poder judicial, ante la insuficiencia de jueces, es necesario la contratación de muchos jueces adicionales que juzguen a los presos, y que se realicen juicios imparciales para dejar en libertad a los inocentes y asegurar los derechos de los encarcelados. Las Fuerzas Armadas deben retomar y limitar su quehacer al papel que se les definió en los Acuerdos de Paz (1992). Los partidos políticos y las voces de oposición deben fortalecerse, asegurándoles el respeto de sus derechos.
Las finanzas públicas, especialmente la deuda, deben controlarse sin afectar, más bien lo contrario, a los pobres. Los organismos multilaterales de crédito, en particular el Fondo Monetario Internacional (FMI), y gobiernos que lo controlan deben ser claros y enfáticos: se debe gobernar teniendo presente que El Salvador debe preservar la democracia y gobernar con una perspectiva de justicia social. Reducir la pobreza con democracia es la prioridad del país, y de ello depende su futuro.
El autor es director de una ONG y catedrático universitario en El Salvador. Diego Arguello es un seudónimo.
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