Nuevos autoritarismos, militarismo y militarización en Centroamérica

Por Elvira Cuadra Lira

Introducción

En febrero de 2020, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió en el parlamento con un destacamento militar; tres años más tarde, en febrero de 2023, inauguró una mega cárcel con capacidad para 40 mil personas. Dos acontecimientos que marcan el despegue de su estrategia de continuidad en el poder: una combinación entre nuevos autoritarismos, militarismo y militarización, que le ha granjeado altos niveles de popularidad entre la población salvadoreña.

Otros países de la región y aun de Latinoamérica están observando e imitando el llamado “modelo Bukele” como alternativa para lidiar con los graves problemas de inseguridad y violencia. Honduras también ha establecido el estado de excepción, mientras en Guatemala, el saliente gobierno de Alejandro Giammattei ha perseguido periodistas, fiscales y funcionarios públicos que investigan actos de corrupción. En Nicaragua el gobierno impuso un estado policial desde 2018 cuando iniciaron las multitudinarias y extendidas protestas y durante los últimos dos años, lo ha “institucionalizado” disponiendo todo el aparato estatal en función de una política sostenida de vigilancia y control sobre la población.

En este sombrío panorama regional se combinan tres rasgos: a) las nuevas formas de autoritarismo recubiertas con las formalidades de la democracia y el uso eficiente de las tecnologías de comunicación; b) el militarismo, para contener las demandas de actores sociales y grandes mayorías de población bajo el pretexto de frenar la delincuencia y criminalidad común, y c) la militarización, que construye discursos y mensajes para legitimar los autoritarismos y las soluciones militaristas. El resultado es la aplicación de políticas de seguridad coercitivas y punitivas de corto plazo. ¿Cómo llegó Centroamérica a este sombrío escenario?

El siglo XXI y los nuevos autoritarismos en Centroamérica

Para los centroamericanos el siglo XXI inició cargado de esperanzas y expectativas en un futuro mejor. Los largos conflictos internos por fin habían finalizado; soplaban aires de democracia y los acuerdos de paz auguraban una región de paz, democracia y desarrollo. Pero, antes de finalizar el primer cuarto de siglo, la sombra de los autoritarismos pasados se cierne sobre todos los países.

Hay al menos cinco patrones autoritarios presentes en la región: la concentración de poder y el reforzamiento de los presidencialismos; ruptura del balance e independencia entre poderes del Estado, y subordinación a los ejecutivos; altos niveles de corrupción, opacidad de la gestión estatal y penetración del crimen organizado en las estructuras estatales; severas restricciones a los derechos humanos y ciudadanos. Por último, y no menos importante, el resurgimiento de los militarismos y la militarización, alentando los enfoques punitivos y soluciones de mano dura que no diferencian entre las disidencias políticas, la criminalidad y el flujo de desplazamiento forzado que atraviesan al istmo.

Estos elementos han configurado un escenario de incertidumbre y sombrías posibilidades de futuro, empujando a miles de centroamericanos a salir de sus países hacia Estados Unidos buscando mejores oportunidades, huyendo de las dificultades económicas, la persecución política y la violencia.

La evolución en la agenda de seguridad regional

Durante cuatro décadas la agenda de seguridad de Centroamérica ha transitado del optimismo del Tratado Marco de Seguridad Democrática (1995) a las políticas de mano dura, súper mano dura y ahora, las nuevas formas del militarismo y la militarización.

Recién finalizados los conflictos internos en Nicaragua (1990), El Salvador (1992) y Guatemala (1996); en el contexto de los procesos de democratización y la reactivación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la agenda se enfocó en separar las funciones militares de las policiales, redefinir las relaciones entre las autoridades civiles y las instituciones castrenses para prevenir su preeminencia como en décadas anteriores, y la creación de fuerzas policiales en El Salvador, Guatemala y Honduras.

_{Fuente: elaboración propia.}

En la primera década del siglo XXI, los aspectos relevantes fueron los procesos de modernización y profesionalización de las fuerzas armadas, el redimensionamiento de las fuerzas y los presupuestos militares y su incursión en las llamadas misiones no tradicionales.

Mientras tanto, con escenarios de altos niveles de violencia e inseguridad sobre todo en los países del norte de la región, se comenzaron a adoptar políticas de mano dura y super mano dura que incluyeron la definición de nuevas dimensiones en las fuerzas y presupuestos para las instituciones policiales, reorganización y redefinición de funciones, y la creación de mecanismos de colaboración regional. La debilidad de las fuerzas policiales de reciente creación tuvo como consecuencia el involucramiento de las instituciones castrenses en la seguridad ciudadana. Por esa misma época, los gobiernos centroamericanos adoptaron la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (2007), un instrumento considerado clave para enfrentar las amenazas y riesgos como el crimen organizado y el narcotráfico transnacional.

Entre 2010 y 2017, la agenda experimentó un giro cuando, a pesar de la disminución del protagonismo público de los militares en décadas anteriores, comenzaron a ocupar cargos públicos civiles. Ese fue el caso de dos militares retirados y ex jefes de ejército: Omar Halleslevens, vicepresidente de Nicaragua (2012-2017) y Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala (2012-2015). En esa época se mantuvieron las políticas de mano dura, a la vez que se implementaban enfoques de prevención y policía comunitaria.

Los militarismos prevalecientes

En el pasado la relación entre procesos políticos y militarismo ha sido clave. Pero si antes se pensaba que los enfoques autoritarios y militaristas provenían de las fuerzas armadas, ahora es claro que forman parte del entramado político-ideológico de los grupos de poder, especialmente los gobernantes civiles.

La imbricación de poder político, fuerzas castrenses, policiales y de justicia juega un papel primordial en los proyectos autoritarios presentes, como quedó demostrado durante la pandemia del Covid-19 cuando los presidentes aparecieron flanqueados por los jefes militares y policiales. Recientemente, casi todos los países han modificado los marcos jurídicos del sector defensa y seguridad para darle preeminencia a las fuerzas armadas y las medidas de seguridad punitivas; incrementar la presencia de militares y policías en cargos públicos de naturaleza civil; mientras se imponen los estados de excepción por períodos prolongados limitando seriamente el ejercicio de derechos ciudadanos fundamentales.

Estas condiciones plantean desafíos importantes, y urgentes, para Centroamérica y su futuro que pasan por repensar la paz, la democracia y la seguridad a la luz de los nuevos tiempos; procurar un cambio significativo en los enfoques y las perspectivas sobre la seguridad, el Estado, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. Además, adoptar y fortalecer políticas públicas de seguridad desde una perspectiva de gestión democrática y respeto a los derechos humanos, regional y de prevención; y no menos importante, promover la generación de conocimientos y el debate con perspectiva regional.

Sobre la autora

Elvira Cuadra Lira es socióloga nicaragüense. Actualmente, es directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM).

_{Este texto es una ponencia presentada en el Taller “Legados violentos, movilización social y futuro incierto”, realizado en Costa Rica entre el 14 y 16 de febrero de 2024.}

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