Firma invitada: La tendencia a la militarización y los caminos para la sociedad civil

Por Natália Pollachi

Se está produciendo una creciente militarización de la seguridad pública en muchos países de Latinoamérica y de otras regiones. Es posible ver esta tendencia como una predisposición de los sistemas de seguridad por la forma en la que están configurados. Muchos de ellos históricamente derivaron de estructuras militares o se formaron en ellas. Algunas se están modernizando, pero, en general, son instituciones con poca diversidad interna, predominantemente masculinas y blancas en sus altos niveles, y muy jerarquizadas. Todo esto desestimula la aparición de ideas divergentes. La manera en que muchas construyen el ethos militar o policial también los lleva a ser una institución corporativista cerrada en sí misma, alejada de debates sociales y menospreciando contribuciones que vengan de otras especialidades u otros sectores.

A esto se suman presiones sociales y políticas que, legítimamente preocupadas por su seguridad, se remiten a lo que ya conocen y demandan soluciones inmediatistas o populistas: más prisión, más policía en las calles y más combate. Por esos motivos, la militarización termina siendo la tendencia de la mayoría de las instituciones de seguridad pública. Con tantos aspectos que les reconfirman su papel, esas gigantes estructuras se mueven en la inercia, a menos que en su camino sean colocados frenos, desvíos y señales que les hagan cambiar su dirección.

Aquí está el papel fundamental de la sociedad civil, la academia, el periodismo y los análisis críticos sobre seguridad. Es necesario cuestionar presunciones y buscar activamente nuevos puntos de vista y nuevas posibilidades de promoverlos. Y diseñar investigaciones con buena metodología científica capaz de romper perspectivas sesgadas. También, se precisa analizar resultados desde ángulos variados y verificar diferentes mensajes, por ejemplo, la reducción de indicadores criminales, la confianza pública, y la eficiencia.

Además de la crónica escasez de recursos públicos, también es estratégico identificar cuáles serían los puntos esenciales para invertir y promover cambios en cadena. Con ese tipo de evidencia en las manos, es posible promover cambios en diálogo externo e incluso en cooperación interna con instituciones de seguridad. Comparto dos breves ejemplos.

En Brasil tenemos altos niveles de letalidad policial, sumando hasta 13% de todas las muertes violentas del país y victimizando especialmente a jóvenes negros. Después de una serie de episodios de abuso del uso de la fuerza por parte de la Policía Militar del estado de São Paulo —que fueron grabados en video por testigos—, con presión de organizaciones de la sociedad civil y de familiares de víctimas, con la atención de la prensa y con investigaciones apuntando que ese es un problema sistémico, el gobernador del estado y el comandante de la policía se abrieron para nuevas posibilidades e iniciaron un proyecto interno de reducción de letalidad. Con uso de cámaras corporales, cambios en la formación, comisiones que estudian cada operación que causa la muerte de ciudadanos, uso de armas menos letales, y refuerzos de salud mental, en dos años la letalidad policial en el estado cayó un 30% y la muerte violenta de policías también cayó. En algunas unidades policiales la letalidad cayó, inclusive, hasta 80%. Esos resultados están sacudiendo la sociedad y a todas las policías militares del país. En diferentes grados y velocidades, promueven cuestionamientos estructurales, como qué tipo de policía queremos, cómo es su relación con la sociedad, y cuál es el rol del racismo estructural en esas muertes.

En otro caso, hemos identificado la importancia de arrojar luz sobre la policía judicial que conduce investigaciones, tanto para contraponerse a la ostentación de la fuerza policial en la calle y su militarización, como porque se precisan investigaciones de calidad para comprender dinámicas criminales, responder a crímenes organizados al igual que a nuevos retos de crímenes digitales y promover mayor acceso a la justicia.

Pronto identificamos que la tasa de solución de casos de homicidios en Brasil era sorprendentemente baja, alrededor de 32%, e identificamos puntos de fragilidad en sus procesos. Ese no era un tema discutido en la sociedad y tampoco encontramos puertas abiertas para el diálogo. Hicimos un ranking de solución de casos entre los diferentes estados brasileños y una larga campaña de comunicación en lenguaje accesible para la población, explicitando el problema y el contraste de tener prisiones llenas de pequeños traficantes no violentos mientras no resolvemos los casos de homicidios.

El ranking incomodó a jefes de policía y gobernadores, generando artículos en la prensa con historias reales y estudios sobre falta de inversión. Cuatro años después, hemos logrado movilizar una red de policías judiciales que formulan directrices para contar con investigaciones de homicidio para difusión nacional. El tema, además, estuvo presente en los principales debates electorales para gobernadores. 

Con evidencias fuertes, demanda social y búsqueda activa, hemos encontrado diversos gestores públicos dispuestos al diálogo, con coraje para experimentar nuevas prácticas y nuevos ángulos de mirada. Eso es importante porque permite poner un proyecto piloto en práctica, ejercitar las propuestas, identificar adaptaciones necesarias y estudiar su real impacto. Con resultados en el corto o medio plazo, es posible difundir esa práctica y sus fundamentos desde otro umbral, rompiendo paradigmas con ejemplos concretos de que es posible hacerlo, abriendo espacio para nuevos pasos adelante y sumando gestores públicos y policiales como portavoces de esa experiencia, con la oportunidad de hablar entre los suyos.

Además, esas experiencias prueban que la relación de otros sectores con instituciones de seguridad no necesita ser de pura oposición, pueden ser también vistas como relaciones de crítica constructiva, diligencia adicional y suma de esfuerzos en beneficio de nuestro reto común: una sociedad más segura y más próspera para todos y todas.

Sobre la autora

Natália Pollachi es gerente de proyectos y trabaja desde 2013 en la ONG brasileña Instituto Sou da Paz, cuyo enfoque es promover mejores políticas de seguridad pública. Su trabajo tiene tres ramas: realizar investigaciones sobre armas pequeñas, actividad policial e impactos humanos de la violencia; gestionar proyectos piloto para implementar nuevas políticas públicas en cooperación directa con departamentos de policía; y participar en esfuerzos de incidencia política produciendo material técnico y reuniéndose con los tomadores de decisiones. Pollachi tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidade de São Paulo, con investigaciones previas sobre conflictos armados y negociaciones de paz.