Firma invitada: Política armamentística: en el límite del juego democrático

Por Carolina Ricardo, directora ejecutiva del Instituto Sou da Paz.

Desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil, ha emitido más de treinta actos legislativos para flexibilizar el control de armas en el país. Estas medidas van desde aumentar la cantidad y potencia de las armas que puede adquirir la ciudadanía hasta cambiar los criterios que autorizan a los ciudadanos a comprar un arma para defensa personal.  En vísperas del Carnaval publicó cuatro decretos más, aumentando de cuatro a seis el límite de armas para los ciudadanos, excluyó los proyectiles y las máquinas de recarga de munición de la lista de productos controlados por el Ejército, permitiendo la fabricación y venta de munición sin control, entre otros ejemplos.

Esta política de flexibilización ha tenido lugar a través de la publicación de decretos, ordenanzas, resoluciones e instrucciones emitidas por diferentes ramas del Poder Ejecutivo.  El presidente ha decidido burlarse de que la política de control de armas es dictada por el Estatuto de Desarme. Esta es una ley federal que, para ser alterada en su esencia, debe ser debatida en el Congreso Nacional, entre los congresistas y con amplia participación popular. Debido a la baja posibilidad de que la agenda armamentista fuese aprobada en el Congreso, Bolsonaro comenzó a jugar el juego infra legal proponiendo normas desde el Ejecutivo hasta el límite de lo que debe ser regulado por ley federal.

En realidad, hay cuestiones reguladas por decretos en la política de control de armas. El punto es que el presidente sobrepasa estos límites de forma recurrente y este juego presiona el sutil equilibrio entre poderes, generando reacciones para intentar mantenerlo, algo tan importante para la democracia. Un ejemplo es que estos decretos presidenciales han sido cuestionados en el Congreso a través de Proyectos de Decretos Legislativos (PDLs) (77 entre 2019 y 2020) para frenar sus efectos.  También se han presentado innumerables acciones en el Supremo Tribunal Federal (STF) para garantizar la constitucionalidad y el respecto a un cierto equilibrio entre los poderes.

Como resultado, además de le presión sobre los frenos y contrapesos del modelo democrático, Bolsonaro también ha contribuido a que en 2020 se alcanzara la cifra de 1,151 millones de armas legales en manos de los ciudadanos, un 65% más que en 2018. Los resultados no pueden ser peores: tras una importante reducción de los homicidios en 2018 y 2019, estas muertes volvieron a crecer un 5% en 2020. Este es el resultado de su política.

Publicado originalmente en portugués no Jornal O Povo.