Los derechos humanos en Latinoamérica: retos ante una promesa incumplida

Por Guillermo Fernández-Maldonado

El grave deterioro de los derechos humanos debido a la violencia y a la desigualdad es un hecho evidente América Latina, Caribe y Centramérica. De las 50 ciudades más violentas del mundo 45 están en nuestro continente. Como señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza es la misma de hace una década (27,7%), el 1% de la población concentra el 33% de la riqueza y la protección social es insuficiente. La región destaca por el desarrollo normativo-institucional de derechos humanos, pero también por su incumplimiento. Esto explica que los Estados que aprueban tratados como el Acuerdo de Escazú[1] —el primero en proteger a los defensores ambientales— son los mismos donde se cometen el 85% de los asesinatos de estos defensores en todo el mundo[2].

Tras décadas de gobiernos en democracia, la población siente frustradas sus expectativas, debido a la desigualdad y la desprotección ante la violencia, abusos y corrupción de actores no estatales y del Estado. La mitad no apoya la democracia y la mayoría desconfía de líderes políticos y empresariales[3].  

Los gobiernos de izquierda y derecha culpan de sus fallos a sus opositores o a factores externos, y desechan las críticas de derechos humanos. Existe una ofensiva contra las normas de derechos humanos, las instituciones para su protección y las personas que exigen su respeto. Quienes quieren acallar sus voces y evitar su accionar —porque menoscaban sus intereses políticos o económicos, legales e ilegales— llevan a cabo agresivas campañas y ataques al sistema institucional. Para lograr su descrédito afirman que se han “ideologizado” y que “favorecen a los criminales” . Los ataques los realizan actores con recursos y poder, aunque carezcan de legitimidad, como es el caso del gobierno y el parlamento peruanos, con sólo el 4% y 3% de aprobación, respectivamente[4].

La protesta social recibe una violenta e indiscriminada represión, que viola los estándares internacionales (Chile, Nicaragua, Perú y Venezuela). Defensores, líderes sociales y periodistas son desaparecidos o asesinados por grupos criminales, agentes estatales e incluso empresas (caso Berta Cáceres en Honduras).

Se plantea la falsa elección entre seguridad y respeto a los derechos humanos, como ilustra un presidente de la región al decir que: hay que priorizar la seguridad sobre los dogmas internacionales. Se presenta así a los derechos humanos como algo foráneo, utópico y un lujo en momentos de crisis.

Si derechos como el acceso a la salud, la educación, el trabajo digno, la seguridad o la justicia parecen privilegios –pues sólo unos pocos los disfrutan– se debe a que sucesivos gobiernos han hecho que el Estado no haya cumplido con sus obligaciones. Estos derechos no son opcionales ni extranjeros, son mandatos constitucionales.

Institucionalidad débil

La impunidad hace imposible el derecho a la verdad y a la justicia. En muchos países de la región, nueve de cada diez homicidios queda sin esclarecimiento ni castigo por la incapacidad del Estado (no atribuible a su respeto a los derechos humanos). Si vemos el desempeño de instituciones similares de otras latitudes, por ejemplo Europa, es evidente que, pese a problemas y fallos, su alta capacidad y eficiencia para castigar el delito va de la mano con el respeto a los derechos humanos. Las causas estructurales en la región son conocidas: falta profesionalismo, de recursos humanos, técnicos y logísticos, de inteligencia civil, la amplia corrupción, entre otros aspectos. Ocuparse de estas causas requiere tiempo y recursos, que los gobiernos suelen dedicar a medidas populistas no sostenibles.

Las normas y mecanismos nacionales de derechos humanos pierden su eficacia ante estos incumplimientos del Estado. Los sistemas internacionales de protección —también acusados de ser ideologizados o socavar la soberanía— no pueden dar una atención adecuada por sus limitadas atribuciones y recursos.

En un contexto polarizado, se alimentan temores y se ofrece como solución la “mano dura”. El mal desempeño de los Estados y el espiral de violencia criminal favorecen la aceptación de opciones autoritarias, a costa del Estado de derecho y los derechos humanos.  Esto ocurre en momentos de gran incertidumbre en todo el globo en el marco de una crisis del multilateralismo y de los derechos humanos. Por ello la defensa de los derechos humanos —estándar mínimo de todo ser humano cuya garantía es el principal deber del Estado— es la defensa de la democracia y del estado de derecho.

Hoy el autoritarismo es el mayor peligro. La “mano dura” y la militarización de la seguridad multiplica la violencia y la impunidad, como muestra los más de 100,000 desaparecidos en México desde que el gobierno de Felipe Calderón lo aplicó en 2006. Los autoritarismos tienen en común el militarizar la seguridad, criminalizar la protesta social, manipular la ley y los poderes del Estado para preservar el poder, perseguir opositores y críticos, así como limitar la libertad de expresión y de prensa.

Se requiere una institucionalidad estatal fuerte, profesional, independiente y con recursos, capaz de cerrar progresivamente la brecha de desigualdad y del goce de derechos. Diseñar una estrategia para ello es una tarea colectiva que debiera atender lo señalado por el fallecido ex Secretario General de la ONU Kofi Annan: no tendremos desarrollo ni seguridad sin respeto a los derechos humanos. Para alcanzar este objetivo se precisa tener en cuenta una serie de factores:

• Se deben concentrar los esfuerzos de incidencia en quienes tienen poder de decisión sobre la situación, priorizando los problemas y presentándolos con propuestas de solución. El objetivo es convencer de que se adopten medidas de cambio viables y positivas. Existen metodologías e indicadores de derechos humanos disponibles. 
• Las acciones de difusión y sensibilización deben ser sencillas, pedagógicas, basadas en hechos y experiencias cercanas y positivas, que prioricen a los más excluidos y que vinculen los derechos a sus necesidades y demandas.
• Es preciso usar propositivamente los informes/recomendaciones de mecanismos de protección para cada país. Promover su uso innovador, por ejemplo, con consultas confidenciales de gobiernos a relatores especiales sobre abordar una crisis.
• No limitar nuestra acción a la crítica y denuncia. Se requieren enfoques menos jurídicos y más multidisciplinarios para participar con capacidad técnica en espacios de planificación y política pública. Tomar contacto e identificar potenciales aliados en todos los sectores y organizaciones sociales, empresariales y políticas.   
• Se deben crear o fortalecer redes locales, regionales, nacionales e internacionales para la promoción y protección. También promover en todos los niveles intercambios sobre experiencias positivas, desde el Estado y la sociedad, que facilite replicarlas.

Acerca del autor

Guillermo Fernández-Maldonado es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, obtuvo una maestría en Administración Pública y un doctorado en Derecho ante la Universidad de Alcalá de Henares, España. Posee más de 35 años de experiencia académica y práctica en el campo de derechos humanos, derecho internacional humanitario y relaciones internacionales, especialmente en la Organización de las Naciones Unidas. Con la ONU ha trabajado en países con misiones de paz o retos en materia de seguridad como Afganistán, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú.

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[2]Global WitnessMissing voices. The Violent Erasure of Land and Environmental Defenders.  Septiembre 2024. https://globalwitness.org/en/campaigns/land-and-environmental-defenders/missing-voices/#killed

[3]Corporación Latinobarómetro.   Informe 2024 La Democracia Resiliente   https://inep.org/images/2024/TXT/Latinobarometro-Informe_2024.pdf

[4]Instituto de Estudios Peruanos (IEP)Informe de opinión de marzo 2025   https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2025/03/IEP-Informe-de-opinion-marzo-2025-informe-completo.pdf